Publicado: 22-11-08

Raúl Cicero dejó de ser presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), pero sigue ligado a la institución por varios motivos. Uno es que se hizo cargo del área de vivienda de la Municipalidad de Capital. El otro es menos grato. El Tribunal de Cuentas sancionó al ex funcionario cobista por una larga lista de irregularidades en su administración.

Los principales problemas que le achacan a Cicero tienen que ver con el personal: lo culpan de contratar de más, sin respetar las reglas y usando figuras administrativas que no corresponden. El ahora funcionario municipal debe pagar una multa o apelar el fallo.

Tampoco es el primer problema que tiene el ex funcionario provincial por su paso al frente del IPV durante el gobierno de Julio Cobos. Por temas similares está siendo investigado por la Justicia. La intención del fiscal Luis Correa Llano es saber si un millonario pago realizado a funcionarios de su gestión es irregular.

El fallo 15.175 del Tribunal de Cuentas, firmado el 10 de octubre pasado, sanciona a Cicero y otras autoridades del IPV por los desmanejos respecto al personal, pero en el mismo documento advierte sobre otros problemas (como irregularidades en la contratación de operatorias de viviendas comprendidas en el Programa Inquilinos) que aunque las considera graves, sólo emite recomendaciones para mejorar.

Problemas con el personal

El principal motivo de la sanción del Tribunal tiene que ver con las contrataciones. Entre otras cosas, el fallo advierte que se pasó a planta permanente a personas que tenían contratos de locación de obras o servicios sin respetar las normas. Incluso, advierte que se colocó en cargos de alto nivel a personas que no cumplían los requisitos establecidos por ley.

En la lista de contrataciones fuera de las normas aparece mencionada como irregular la de Roberto Infante, que tenía un alto cargo pero lo cumplía con un contrato de locación. También se acusa a un funcionario de estar en incompatibilidad, porque además de tener un cargo en el IPV cumplía funciones en la Dirección General de Escuelas.

En ese caso, recomienda que el involucrado devuelva los sueldos de más que cobró. También se denuncia que no había un registro de control del horario del personal, entre otras cosas.

El inciso 19 del considerando cuatro del fallo asegura que en el IPV había empleados por demás y no todos tenían una tarea asignada. Habla así de un "sobredimensionamiento de la estructura funcional" del organismo.

"Del análisis realizado por la contadora revisora de las funciones asignadas al personal por resoluciones de Presidencia o Directorio, con la estructura funcional del organismo vigente, surgió que 49 personas en total se encontrarían percibiendo sueldos por funciones que no se cumplen", dice el escrito, sugiriendo de esta forma que en el organismo había medio centenar de los llamados "ñoquis".

En ese caso, la sanción no es mayor porque el error de los investigadores fue que en el proceso no incluyeron la lista de personas a las que hacen mención. De cualquier forma, en el organismo de control aseguran que la conducción del IPV, que en parte aún continúa en funciones, tiene "una errónea interpretación de sus facultades" en muchos de los temas que le toca analizar.

Otro llamado de atención hace mención a la ilegalidad del pago de un adicional. Según el tribunal, se detectó que el organismo tomaba "decisiones en materia de personal, régimen de empleo y remuneraciones, incumpliendo con lo dispuesto en la materia por normas de orden superior".

La lista de multados incluye a todo el ex directorio y también a personal jerárquico. A Cicero le impusieron una multa de 1.500 pesos. Walter Hugo Carrasco, Orlando Ricardo Lucentini y Luis Magnaghi, que eran directores, deben pagar 1.000 pesos por los procedimientos irregulares.

Los otros sancionados son Roberto Infante, Carlos López, Rubén Pellegrina, Rubén Lucero y Delia Palero.