Publicado: 11-05-2014
 
"El trabajo es un deber que la sociedad tiene que ofrecer para todos", aseguró el Papa Francisco en un video en el que saludó y apoyó a los Trabajadores Excluidos y de la Economía Popular en el Día del Trabajador.

En nuestro país existen múltiples planes sociales tanto del Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad que buscan ofrecer una variedad de oportunidades inclusivas para aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable.

Pero si nos detenemos a observar qué es lo que dicen los organismos de control acerca del funcionamiento de los programas sociales veremos que éstos no siempre se cumplen a rajatabla.

En este marco, un informe publicado en El Auditor, info da cuenta de los pocos controles y el mal funcionamiento que hay en el plan presupuestario 24 de Asistencia Técnica y Financiera para la Promoción de Empleo Social y el Desarrollo Local, el cual tiene como objetivo principal "promover la inclusión social a través de la generación de empleo, la participación en espacios comunitarios, y el apoyo económico y financiero a emprendimientos productivos".

La Auditoría General de la Nación (AGN) evaluó durante el período 2010-2011 dos de los planes que se encuentran dentro de dicho programa: "Manos a la Obra", cuya finalidad es "mejorar el ingreso de la población en situación de vulnerabilidad en todo el país"; y el Programa de Ingreso al Trabajo (PRIST) que busca "capacitar en oficios a trabajadores y a organizarlos en forma de cooperativas".

En relación a las iniciativas, "la cantidad de normas que rigen los distintos programas, sus constantes modificaciones y los cambios operados en la estructura organizativa y funcional no contribuyen a otorgar la necesaria precisión y claridad que su aplicación requiere", manifiesta el informe aprobado en diciembre de 2011.

Por otro lado, la AGN señaló que dos Unidades Ejecutoras de "Manos a la Obra no cuentan con manuales de procedimiento y carecen de normativas que fijen los criterios formales para priorizar los proyectos" a subsidiar. Asimismo "omite -en su sistema- los controles a la elegibilidad de los beneficiarios de los subsidios". Por tanto, los fondos pueden ser transferidos a personas que no cumplen con los requisitos necesarios para acceder al beneficio.

LA PROBLEMÁTICA DEL (DES)EMPLEO.

Muchos jóvenes expresan dificultades para terminar el ciclo educativo obligatorio o para continuar estudiando en niveles superiores.

El reconocimiento de estas dificultades y la certeza de que la educación es una de las más poderosas herramientas de integración e inclusión social, determinaron que el Gobierno porteño diseñe "Estudiar es Trabajar", un complemento al subsidio que brinda el programa destinado a facilitar la reinserción y/o continuidad de los jóvenes de 18 a 29 años en situación de pobreza en cualquier nivel del sistema de educación formal (primario, secundario, terciario o universitario) o educación especial.

"La Ciudad da subsidios a estudiantes sin saber sí van a clases ni cuánto vale la canasta escolar". Así lo afirmó la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en su informe analizado en el periodo 2011 y aprobado el año pasado, y que fue publicado por El Auditor.info al observar la iniciativa del Gobierno porteño durante 2011.

La investigación señaló ciertas "inconsistencias" en "Estudiar es Trabajar" como, por ejemplo, la falta de un criterio unificado para establecer cuánto dinero se debe entregar a los beneficiarios.

De hecho, las propias autoridades del programa en cuestión le dijeron a los técnicos de la AGCBA que "no existe algún parámetro de los gastos mensuales que necesita un joven para cubrir la canasta escolar, ni qué porcentaje resulta cubierto con el subsidio" que se entrega.

En relación al control a los beneficiarios, la AGCBA observó que, "la actividad no cuenta con un equipo de trabajo que intervenga y realice seguimientos de los (jóvenes) que abandonan sus estudios sin haber finalizado el secundario. Y no se realizan informes sociales, ni intervención social".

Ante este panorama, los auditores analizaron una muestra de 42 legajos de beneficiarios activos, es decir que al momento del informe recibían subsidios, y afirmaron que "se detectaron depósitos realizados a jóvenes que no cumplieron debidamente con los plazos requeridos para la presentación de certificados escolares, como así también, otros casos de depósitos a quienes nunca presentaron dicha constancia".

El informe detalló además que de 27 casos de la muestra un 64,3% "no certificó la escolaridad cada 6 meses, y aún así se efectuaron depósitos a lo largo de 2011". De esos 27 casos, 13 no presentaron ninguna certificación de estudios ese año y los 14 restantes solo una. De los 13 que no poseen certificados, cuatro continuaron cobrando el subsidio durante todo el ejercicio en cuestión.