La contadora Blanca Salcedo, Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Formosa, hizo lugar a una "nota" elevada por el presidente del Comité Provincial de la UCR, Dr. Gabriel Hernández solicitando la realización de una Auditoría Contable del proceso licitatorio de las obras de construcción de viviendas básicas e infraestructura realizado por el IPV, que se instrumentó con recursos del "Programa Federal de Solidaridad Habitacional con el Norte Argentino", en el marco del convenio firmado el 10 de octubre de 2003 entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Formosa.

Lo que llama la atención es que la Vocal del Tribunal de Cuentas se hizo eco de una "nota" para darle curso al caso planteado y que no haya sido una "denuncia" formal y como corresponde en estos casos, ya sea de Gabriel Hernández o del partido político del cual es el presidente. Igualmente, se pregunta, si algún otro ciudadano, sin ninguna representación partida hubiera realizado el mismo procedimiento, lo más probable es que la "nota" haya sido rapidamente "cajoneada" como presuntamente ya habría ocurrido en otras oportunidades.

Además, debe recordarse que todo acto licitatorio cuenta con el aval del Gobierno de la Provincia de Formosa y no se remonta a la simple decisión de algun funcionario responsable, ya que todo acto de esta naturaleza está enmarcado dentro de los trámites legales correspondientes.

Por otra parte, trascendió que el monto acordado por cada vivienda se remonta a octubre de 2003 o sea hace más de un año, cuando a la fecha, los costos de insumos (cemento, hierros, cal, arena, ladrillos, etc) han tenido un notable incremento en sus precios, lo que incide notablemente en el costo real y efectivo de cada unidad habitacional.

La nota que lleva la firma de Gabriel Hernández y que actualmente se tramita en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, por disposición de la contadora Blanca Salcedo (Vocal) señala que "el IPV encareció un 25% el costo de construcción de las 2.000 viviendas licitadas". Destaca, también, que "las viviendas que tienen un costo pactado de $ 20.000 cada una, terminaron licitándose con un presupuesto oficial de $ 25.000, al presupuestarse, por separado, el costo de la "infraestructura". Este incremento del 25% significa- a criterio de la UCR- un sobreprecio de 10 millones de pesos sobre el costo total de las 2.000 viviendas".

Agrega que:" a través de un convenio firmado el 1 de octubre del 2003 con el Gobierno Nacional, la Provincia de Formosa consiguió 40 millones de pesos del "Programa de Solidaridad Habitacional con el Norte Argentino", para la construcción de 2.000 viviendas sociales. El convenio establece claramente que el costo de cada vivienda, incluyendo la infraestructura (instalación de luz, agua y cloaca) debe cubrirse con $ 20.000".

Señala también la nota de la UCR que :" también se advierten importantes sobreprecios en otro de los programas de viviendas implementado por el Gobierno Nacional, que otorgó a nuestra Provincia 42 millones de pesos para la construcción de 1.400 unidades habitacionales, con una superficie cubierta de 44 metros cuadrados y un costo, por vivienda, de $ 30.000". Destaca Hernández que:" sin embargo, en los llamados a licitación pública la construcción de cada vivienda se eleva a la suma de $50,440, mientras en otras poblaciones del interior, las mismas viviendas, de acuerdo a las licitaciones se cotizan por unidad la suma de 48.554,40.

Agrega que:" en todas estas obras, el costo por vivienda es muy superior a los $ 30.000 establecido en el Convenio marco del " Programa Federal de Construcción de Viviendas". Por este motivo-según Hernández- la Unión Cívica Radical advirtió que pedirá una Auditoría al Tribunal de Cuentas, para que se determine la legalidad de estos procesos licitatorios, que claramente infringen los convenios firmados.

Finalmente, Hernández expresa en su escrito que :" como se advierte, cotejando estas cifras, en el caso del "Programa Federal de Construcción de Viviendas", el porcentaje del sobreprecio de las viviendas rurales licitadas por el IPV es muy superior al 25% ". "Ante la evidencia de estos sobreprecios, Hernández solicita, en nombre y representacion de la Unión Cívica Radical la urgente realización de una auditoría contable por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia, a los efectos de determinar la legalidad de las referidas licitaciones implementadas por el IPV". Cabe agregar que el Expediente No 2214/04 fue girado por la Vocal Blanca Salcedo del Tribunal de Cuentas de la Provincia al Delegado Fiscal a sus efectos. Además, las actuaciones ya habrían sido giradas al IPV para el informe respectivo, anticipándose que en las próximas horas se dará respuesta concisa y efectiva, para desvirtuar todas las afirmaciones del titular de la UCR en Formosa.

Igualmente, se realizaría una consulta sobre las facultades que podría tener la Vocal, Blanca Salcedo sobre su actuación en el caso tramitado, que involucra en forma directa al Gobierno Provincial en torno a los montos de las viviendas cuestionadas y que fueron licitadas por el Superior Gobierno de Formosa.