"Propuse que cuando se trate el Presupuesto General de la Provincia, sean incluidos en él los fondos fiduciarios y el presupuesto de las comunas rurales. Así, el Tribunal de Cuentas estará facultado para realizar un control previo, concomitante y posterior de esos recursos. También promoví mecanismos para la distribución de la pauta de publicidad oficial y para garantizar el libre acceso a la información oficial de los poderes del Estado. Pero jamás trataron alguno", detalla el legislador radical José Cano. "Todos apunta a dar transparencia y a liquidar el manejo hegemónico y personalista que da el gobernador (José Alperovich) a los fondos públicos. Por eso, siguen cajoneados", condenó.

Pero Cano le reclama al oficialismo que no haya dado tratamiento tampoco a proyectos de orden social. "Siguen sin se tratados la creación del Consejo Provincial de Prevención y Lucha contra las Adicciones, así como una Ley de Emergencia Vial, que unifica el otorgamiento de carnets de manejo, asigna puntaje a esas licencia y crea un Programa de Educación Vial para la provincia", detalló.

Control para comunas y DNU

"El control de los actos de Gobierno es posible cuando hay mecanismos justos y claros para todos, que son los que el alperovichismo no tolera. Por eso, en una gestión que paga unos 60.000 salarios públicos, jamás se van a aprobar contratar a 93 contadores fiscales para monitorear el gasto de las comunas. Y lo mismo pasará con el proyecto para que los DNU tengan tratamiento y dictamen obligatorio de comisión, aunque no sean llevados al recinto", afirma el opositor Esteban Jerez.

El legislador advirtió, además, que hay proyectos ligados a problemas sociales y no políticos, que tampoco son considerados por el oficialismo. "Propuse sin suerte que se discuta una  reforma integral del Código Procesal Penal de Tucumán, introduciendo figuras nuevas como el proceso en flagrancia. Por él, se obtienen juicios sumarísimos cuando alguien es pescado cometiendo el delito. También promoví ampliar el concepto de violencia familiar, para que no se circunscriba a lo físico y moral sino también a lo económico. Tampoco lo tratan", condenó.

Aumento del salario estatal

"Desde noviembre de 2007 duerme el sueño de los justos la creación de una comisión para investigar a las comunas rurales y a las intendencias que registran irregularidades importantes, que en este momento se ventilan en la Justicia", reniega el legislador del Partido Laborista Osvaldo Cirnigliaro.

El opositor consignó que la casi totalidad de sus proyectos no sólo se han visto privados de integrar el orden del día de una sesión, sino que, además, carecen de dictamen de una comisión. "Por ejemplo, nunca trataron el proyecto para investigar a Canal 10, cuya situación también es un caso de resonancia judicial", aseguró.

Cirnigliaro recuerda que, durante este año, promovió tres tres proyectos, "destinados a proteger a la ciudadanía de los efectos de la inflación. Son, concretamente, la restitución del 82% móvil a jubilados, un plan de emergencia social para la provincia, y el aumento salarial del 30 % para los empleados públicos. Los tres tienen una gran repercusión social, pero jamás fueron tratados", condenó.

Transparencia para la gestión

El bloque de FR, que integran Ricardo y Luis José Bussi, promueve una serie de proyectos para transparentar la gestión pública. Una iniciativa dispone que lo que Rentas recaude en el interior se depositará en cuentas administradas por los comisionados rurales. Otra propone que las reuniones de las comisiones de la Legislatura sean públicas. Sendas propuestas reglamentan la distribución de la publicidad oficial y garantizan el acceso a la información pública. Y un quinto proyecto limita las expropiaciones y fija las causas por las que un terreno puede ser declarado de utilidad pública. "Obviamente, ninguno fue tratado", cuestionan.

Los Bussi reniegan, también, de que hay proyectos vinculados a la administración de justicia que tampoco reciben tratamiento. "Igual suerte que los anteriores siguieron los proyectos para fijar la mediación previa obligatoria a los procesos judiciales y la implementación del proceso penal directísimo, complementario a la prisión preventiva en delitos cometidos in fraganti", concluyeron.