El Tribunal de Cuentas concluyó que, por el archivo de expedientes, el perjuicio al erario supera los $ 2,8 millones. El organismo de control determinará ahora las responsabilidades de los ex funcionarios Emilio De Lisi, Silvio Bellomío y Hugo Arredondo. Posibles sanciones.

El Tribunal de Cuentas (TC) enviará a la Justicia los antecedentes de una investigación cuyos resultados son lapidarios: un presunto daño patrimonial de unos $ 2,8 millones perpetrado en la Dirección de Rentas.

 Mediante el Acuerdo Nº 370, firmado el martes por Miguel Chaibén Terraf (presidente) y por Sergio Díaz Ricci (vocal), el organismo de control dispuso el inicio de un juicio de responsabilidad para deslindar y determinar responsabilidades de ex funcionarios del organismo respecto de la pérdida y del archivo de expedientes: Emilio Armando De Lisi, ex director; Hugo Arredondo, ex jefe del Departamento de Fiscalización; y Silvio Bellomío, ex subdirector Técnico y Legal. Paralelamente, decidió girar a la Fiscalía de Instrucción Penal de la I Nominación el expediente.

 La investigación originaria fue dispuesta por el director de Rentas, Pablo Clavarino, en 2004. Este ordenó una auditoría para establecer en qué situación recibía la repartición, que arrojó datos contundentes: "de 435 expedientes remitidos al archivo sin el debido control de si se encontraban amparados o no por el bloqueo fiscal (un beneficio impositivo lanzado durante la gestión del gobernador Julio Miranda), 268 fueron localizados y de estos, 191 representaban un interés fiscal de $ 1,4 millón (valor histórico)". Con esos antecedentes, el Tribunal de Cuentas inició una comprobación sumaria en Rentas, cuyos resultados potenciaron la presunción inicial. "Los restantes 77 expedientes localizados, por el hecho de haber sido remitidos al archivo sin el debido control de la existencia del beneficio del bloqueo fiscal, existiría un perjuicio al erario público que ascendería a $ 981.882", sostiene la última acordada.

 Según la investigación del Tribunal de Cuentas, "se comprobó la inexistencia de 167 expedientes, de los cuales 75 (no obstante haber desaparecido), la Auditoría pudo constatar que el interés fiscal ascendería a $ 1,9 millón. Es decir que el presunto daño patrimonial podría llegar al menos a $ 2,8 millones, a lo que deberían agregarse los intereses resarcitorios y los montos que corresponderían a los expedientes no encontrados".

 Tras la realización del sumario, el organismo de control iniciará ahora un juicio de responsabilidad, en el que los involucrados serán citados a declarar. Las sanciones pueden llegar a la inhabilidad para ejercer cargos públicos (hasta un máximo de 10 años) y un cargo fiscal.