El proyecto definitivo de reestatización de Aerolíneas Argentinas, que trató la Cámara de Diputados, eliminó la posibilidad de volver a privatizar la empresa y el establecimiento de controles por parte del Congreso y otros organismos estatales.

La iniciativa oficial contempla que el Estado adquirirá las acciones societarias de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A., a fin de garantizar el servicio público de transporte aerocomercial.

"En ningún caso, el Estado podrá ceder la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma", subraya el texto, como parte de una de las principales modificaciones al proyecto original.

TASACION

A la vez, establece que el Tribunal de Tasaciones de la Nación realizará las valuaciones correspondientes a las dos empresas, a fin de determinar el precio de compra, teniendo en cuenta los valores vigentes al 15 de julio de 2008.

También plantea que la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las privatizaciones vigile que las valuaciones contemplen la real situación patrimonial de las empresas y se ajusten a los criterios técnicos de la actividad.

En tanto, la norma establece que el precio que se establezca por las compañías sea sometido a la aprobación del Congreso, luego de que se apruebe definitivamente la ley.

En otro pasaje, la iniciativa oficial autoriza la cesión a los empleados de ambas compañías de hasta un máximo del 10 por ciento del paquete accionario de las respectivas empresas, en conformidad con el Programa del Propiedad Participada.

NECESIDADES FINANCIERAS

El Poder Ejecutivo, a la vez, podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos de las empresas hasta el 31 de diciembre de 2008, debiendo realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informar a la Comisión Bicameral.

El monto de las asistencias financieras podrán instrumentarse como aportes de capital o como créditos a favor del Estado Nacional, afirma el proyecto.

A su vez, plantea que para garantizar la transparencia de los procedimientos se podrá requerir la intervención de la Auditoría General de la Nación, además de solicitarse informes a cualquier otro organismo público.