La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por mayoría el Informe del Auditor sobre la ejecución presupuestaria que integra la Cuenta de Inversión de 2017 y el Informe del Auditor referido al Dictamen sobre los Estados Contables que integran la misma Cuenta de Inversión, ambos con Dictamen de Abstención de Opinión.

De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Nacional, la AGN debe intervenir en el trámite de aprobación o rechazo de la cuenta de percepción e inversión de los fondos públicos. 

Metodología 

Desde el ejercicio 2008 se presentan informes relativos a la Cuenta de Inversión en forma separada: el primero referido al dictamen de los Estados Contables de la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, y por otro lado la opinión alusiva a la Ejecución Presupuestaria.

El Colegio de Auditores de la AGN, con el voto de la mayoría, emitió un dictamen de “abstención de opinión”, como consecuencia de las "numerosas irregularidades e incertidumbres que impiden convalidar la rendición de cuentas presentada", según un comunicado oficial referido a la cuenta de 2017.

¿Qué significa abstención de opinión? 

Los equipos técnicos “se abstendrán de opinar" cuando "no pueda obtener elementos de juicio válidos y suficientes en los que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser significativos y generalizados".

También podrán abstenerse cuando "en circunstancias que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido elementos de juicio válidos y suficientes con relación a cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros".

Tanto la Ejecución Presupuestaria como el dictamen de Estados Contables de la Cuenta de Inversión 2017 se aprobaron por mayoría con resolución de abstención de opinión.

Tanto la Ejecución Presupuestaria como el dictamen de Estados Contables de la Cuenta de Inversión 2017 se aprobaron por mayoría con resolución de abstención de opinión. Este resultado se obtuvo por el voto favorable de los auditores generales: Juan Ignacio Forlón, Francisco Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada, y María Graciela de la Rosa. Por otro lado, Jesús Rodríguez, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva sufragaron en minoría adhiriendo al proyecto de Informe con dictamen favorable con salvedades

¿Qué se auditó?

El sector público nacional y la estructura de asignación de responsabilidades, según la cual la ejecución presupuestaria y la documentación respaldatoria de las transacciones es competencia exclusiva de los organismos, jurisdicciones o entidades involucradas, hicieron necesario concebir un esquema de desarrollo de la auditoría en forma descentralizada.

Para determinar los organismos a auditar, se eligió una muestra por selección específica sobre la base de un criterio de representatividad en función del crédito presupuestario asignado. Los servicios administrativos seleccionados fueron, entre otros, los siguientes: Ministerio de Energía y Minería; Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social; Obligaciones a cargo del Tesoro; Ministerio de Modernización; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Adm. Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. G.Malbrán; Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Del Instagram de elauditor.info

Deuda Pública

El capítulo más debatido entre los auditores fue el relacionado con la deuda pública de ese año. No se pudieron obtener los elementos de juicio válidos y suficientes, en virtud de las múltiples y materialmente significativas incertidumbres para expresar una opinión de auditoría.

No se pudieron obtener los elementos de juicio válidos y suficientes de la Deuda Pública en virtud de las múltiples y materialmente significativas incertidumbres para expresar una opinión de auditoría.

La AGN encontró que "el endeudamiento sobrepasó lo autorizado por el Congreso Nacional" y que esa situación "intentó subsanarse con el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin embargo, el mismo tenía fecha posterior a varias emisiones de deuda realizadas".

En este contexto, pudo verificarse que el Poder Ejecutivo "carecía de una estrategia de endeudamiento de acuerdo a los lineamientos internacionales y que tampoco realizaba análisis de sustentabilidad de la deuda y del riesgo cambiario".

Durante el ejercicio 2017 la deuda pública aumentó 48.723 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 18% en dólares con respecto del año anterior. Esta deuda pasó a representar el 56,8% del Producto Bruto Interno (PBI).

En el informe se destaca que "más del 70% de la deuda estaba nominada en moneda extranjera, casi el 30% era a tasa variable, el 30% vencía en los dos siguientes ejercicios, es decir en 2018 y 2019, y se colocó un título de deuda externa a 100 años de plazo con un rendimiento para la inversión del 7,9% anual, por el cual a su vencimiento debían pagarse 21.725 millones de dólares en concepto de intereses".