Hace dos semanas, en lo que fue considerado un “muy mal día” para la Auditoría General de la Nación (AGN), la máxima autoridad del organismo, el Colegio de Auditores, decidió mediante votación dividida archivar el informe sobre el programa Fútbol para Todos y enviarlo a la Justicia federal, que impulsa una denuncia hecha por una legisladora porteña por supuestas irregularidades en la ejecución de la iniciativa.  

Sin embargo, aquella decisión no significa -como se pensó en un primer momento- que el informe no tomará estado público. Es que el bloque minoritario dentro del Colegio de Auditores (integrado por el presidente de la institución, Leandro Despouy), logró que se incluyeran sus argumentos y hasta los detalles de la investigación como un anexo de la versión taquigráfica de aquella sesión, realizada el 15 de abril, y que -se supone- será publicada próximamente en el sitio web del organismo de control (www.agn.gov.ar).

En ese sentido, la página de la AGN tiene un apartado dedicado a las actas de sesión del Colegio. Al cierre de esta edición, el último documento publicado allí es el acta número 4, que refleja la sesión ordinaria del cuerpo de Auditores Generales del 26 de marzo de 2015. Por lo tanto, habrá que esperar las próximas actualizaciones para acceder al informe sobre el Fútbol para Todos.

A pesar de esta cuestión, más vinculada a lo burocrático del organismo, la AGN sí alcanzó a publicar en su canal de youtube el video del encuentro del 15 de abril (https://www.youtube.com/watch?v=dJQGfrXzVS8). A partir de ese material, El Auditor.info ofrece a sus lectores el resumen de un “debate intenso” según el propio Despouy, en el que no faltaron ironías y chicanas políticas.

“Una discusión sin precedentes”

Ya desde temprano se sospechaba que aquel 15 de abril no sería un día común en la AGN. Justo en una jornada pensada para abordar el tratamiento del informe sobre Fútbol para Todos, un matutino porteño publicó en tapa algunos datos que supuestamente figuraban en el relevamiento y hasta sugirió que el Colegio de Auditores aprobaría el trabajo por unanimidad. Todo, mientras la jueza federal María Romilda Servini de Cubría investiga una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña por posibles irregularidades en la ejecución de la iniciativa, apoyándose -justamente- en la auditoría en cuestión.

Y si bien una hora antes del inicio de la sesión del Colegio se había aprobado un “orden del día” que incluía el tratamiento del informe, pronto el debate rumbearía para otro lado.

“Nosotros estábamos dispuestos a venir a debatir este expediente, y hoy nos sorprende una noticia en el diario La Nación”, dijo el auditor Oscar Lamberto al tomar la palabra y añadió: “Es gravísimo que un informe se filtre antes de su tratamiento, es un condicionante muy grande, máxime cuando los diarios de hoy anticipan qué es lo que vamos a votar. Es decir, estamos conminados a tomar una decisión por decisión de un diario, y me parece que lo peor que le puede pasar a esta casa es tomar decisiones por lo que dicen los diarios”.

Luego, el miembro del bloque mayoritario dentro de la AGN afirmó que “con mucho dolor, porque todos estos días preparé una presentación para venir a informarlo y me tomé el trabajo de estudiar cada uno de los segmentos del informe, me parece que la noticia de esta mañana nos invalida cualquier tratamiento. Nosotros no podemos tratar este tema, porque cualquier cosa que hagamos va a estar sospechada, y máxime cuando se trata de un expediente que está en sede judicial”.

Tras esta argumentación, Lamberto soltó la idea que echaría por tierra lo acordado antes del comienzo del debate: “Yo voy a proponer no someter a tratamiento este informe de auditoría, ya que por haber trascendido públicamente su contenido en forma reiterada, la votación del mismo necesariamente condicionaría la actuación de la jueza interviniente. Por lo que, una vez que todo se envíe a la doctora Servini de Cubría, se proceda al archivo del expediente”.

Pronto, el presidente Despouy le dio la palabra al catamarqueño Horacio Pernasetti, que dijo: “En primer lugar, tengo que lamentar esta discusión sin precedentes que estamos dando en el ámbito de la Auditoría”. Es que, para el miembro de la minoría, el hecho de que la investigación tomara estado público en los medios “no nos quita la obligación de tratar el informe”.

Asimismo, el auditor recordó que, en este caso, el organismo de control “sentó un precedente distinto”, enviando a la Justicia un informe “en el estado en que se encontraba”, es decir, aún sin estar aprobado por el Colegio, y enfatizó que se obró de esa manera, tras los pedidos de Servini, “por la trascendencia pública que tenía el tema”.

Aunque Pernasetti reconoció que “desde el momento en que lo enviamos al juzgado, dejamos de tener reserva sobre el expediente”, lamentó igual que Lamberto que “la prensa publicara una versión, no sé si exacta o inexacta del trabajo, rompiendo una regla básica que hasta ahora todos los auditores nos cuidábamos de cumplir: que los informes son públicos sólo cuando los aprueba el Colegio, son subidos a la página y comunicados al Congreso y al auditado”.

Además, el catamarqueño dudó sobre el status que se le daría -en caso de primar el criterio de la mayoría- a una investigación esperada tanto por la Justicia como por la opinión pública: “Si se lo remite a la jueza y se archiva, ¿qué naturaleza va a tener la actuación que hemos hecho?, ¿va a ser un pre-informe?, ¿quedará en suspenso para ver si alguna vez lo volvemos a tratar?, ¿qué va a significar desde el punto de vista jurídico?, lo desconozco. Básicamente, el problema lo tenemos nosotros, que dejamos una tarea inconclusa, lo que crea un precedente que nos llena de dudas hacia el futuro”, y concluyó: “Por lo tanto, desde nuestro sector vamos a votar en contra”, de la propuesta expresada previamente por Lamberto.

“La Thatcher”, y los goles secuestrados

La siguiente intervención fue de Vicente Brusca, perteneciente al bloque mayoritario, y considerado por el mismo diario La Nación como “la voz más filosa del oficialismo” dentro del Colegio de Auditores.

Adhiriendo al argumento de Lamberto, sobre que un eventual pronunciamiento de la AGN condicionaría a Servini, Brusca dijo: “Ustedes saber que hay que enviar el informe a la Jueza sí o sí, porque si no, nos allana. ¿Cómo no vamos a obedecer a la Justicia Federal si nos pide algo?, hay que mandar el expediente, el debate, la versión taquigráfica, todo”.

Y, tras objetar la publicación del matutino porteño, el auditor criticó el contenido del relevamiento: “Fuimos deslealmente usados por La Nación. Lo bueno de tener sesiones públicas es que aquí hay un representante del diario para que se lleve una versión directa y no utilice material espuriamente obtenido. Porque uno puede hablar de las fuentes legítimas, el derecho a la información y el secreto de los periodistas, pero ningún comunicador ignora que lo que tiene delante son datos deslealmente obtenidos. Al hacerlo, le falta el respeto a la Auditoría, a nosotros y a los trabajadores que elaboraron el informe con mucho profesionalismo y de buena fe, pero mal”.

Es que, para Brusca, el examen “no evalúa el servicio ni el objeto que tenía el contrato” entre el Estado y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), “que es el acceso libre y gratuito de toda la población a los partidos. Eso fue cumplido, pero el informe no lo dice”.

Luego, emulando a la presidenta Cristina Fernández, el auditor espetó: “¿Qué es el fútbol?, es un bien cultural que antes estaba comercializado con intereses onerosos y egoístas. Tal es así que se secuestraban los goles y los mejores momentos. (Por eso) se decidió dar este servicio gratuitamente, al revés de lo que hizo la Thatcher”, en referencia a la primera ministra inglesa, Margaret Thatcher, que “en los años 80 le quitó el fútbol a los ingleses, que era transmitido gratuitamente por la BBC, y lo privatizó”.

Brusca fue más lejos y defendió la iniciativa como medio para “transmitir la acción de gobierno”. Puntualmente, dijo: “La Argentina tiene un Boletín Oficial, pero si se publica allí una campaña para donar sangre, luchar contra la droga o la violencia de género, no se entera nadie. En cambio, si uno es responsable, tiene que publicarlo en el lugar más eficiente, más eficaz y de más llegada, que es el entretiempo del fútbol. Eso está muy bien, porque hoy no se puede confiar en que los medios privados transmitan la acción de un gobierno del que son claramente opositores”.

Algunos datos

Minutos después fue el turno de Alejandro Nieva, el auditor que, junto a Despouy y Pernasetti, conforma el bloque de minoría en el Colegio de Auditores.

Para intentar rebatir el argumento de la mayoría, dijo Nieva: “Es una falacia presentar que un informe de la Auditoría condicione la acción de un juez. Lo nuestro es un dictamen técnico que puede servir o no de sustento a la tarea judicial”.

Y aunque aún no se puedan acceder a los detalles del informe, en la sesión del 15 de abril los mismos auditores dejaron con sus intervenciones algunas grajeas sobre los hallazgos de la investigación.

En ese sentido, el propio Nieva enumeró: “Para que tengamos una idea, el informe determina que durante el período auditado (NdelR: del 20 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2012) las transferencias para este programa fueron cercanas a los 3.000 millones de pesos. Yo tomé los números posteriores. En 2013 se transfirieron 1.395 millones de pesos; en 2014 se transfirieron 1.664.110.041 pesos, y en el año en curso ya se ejecutaron 553 millones. La partida de 2015 es de 1.634.413.883 pesos. Esto es lo que votó el Congreso Nacional en el presupuesto para el programa Fútbol para Todos”.

El capítulo judicial

En mayo de 2014, la legisladora porteña Graciela Ocaña denunció penalmente a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la AFA por supuestas irregularidades y erogaciones excesivas en el programa Fútbol Para Todos.

En primer término, el expediente cayó en manos del juez Sergio Torres y luego pasó al juzgado nacional de primera instancia en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo de María Romilda Servini de Cubría.

El último requerimiento de esta magistrada a la AGN data de principios de marzo de este año, cuando también solicitó que, además de la investigación, se designara a un perito contable que colabore con la pesquisa. Fue en ese momento cuando el organismo de control “sentó un precedente distinto”, al remitir a la Justicia un informe que todavía no estaba aprobado y que por eso no tenía estado público.

Más datos

“Este informe, que es malo para el doctor (en referencia a Brusca), para nosotros es aceptable y tiene hallazgos interesantes”, afirmó Nieva, y añadió: “Aquí se detalla que se llega a este proceso de contrataciones sin un dictamen jurídico, sin evaluaciones que digan por qué pusieron como piso 600 millones de pesos para garantía de pago a los clubes; no hay nada que diga eso. Además, en ese proceso se ningunearon y se ignoraron todas las normas que tiene el Estado para sus contrataciones. Eso es una buena observación y no me parece menor”.

Más adelante, el auditor Nieva señala que “en este informe se prevé, como una cuestión básica, que el objeto del programa era fortalecer a los clubes y sacarlos de la situación de endeudamiento que muchos tenían, generándoles a su vez responsabilidades. Fíjense lo que dice, en la página 34, contestando la AFA al requerimiento: ‘Lamentamos observar que los cuantiosos fondos distribuidos entre los afiliados no sirvió en la mayoría de los casos para achicar pasivos ni para cancelar contratos suscriptos, sino todo lo contrario; se generó mayor endeudamiento y promesas contractuales en muchos casos impagables’. Fíjense ustedes: el primer fin que dice la norma no se cumple de ninguna manera y lo admite la propia AFA. El tema es que, además, los fondos siguen aumentando y este año (serán) 1.600 millones de pesos”.

Con respecto a la publicidad emitida durante las transmisiones, Nieva recordó durante el debate una anécdota que figura en una biografía del gobernador bonaerense Daniel Scioli escrita por el periodista Walter Smith: “Cuenta ese libro que en un momento dado estaban viendo un partido, creo que de Racing, y alguien, el ex presidente (Néstor) Kirchner, mira una publicidad de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben -aclara el auditor- que la relación con Scioli a veces tuvo altibajos y en su momento hubo mucho problema. (Entonces) dijeron ‘¿cómo?, ¿propaganda acá? No, a partir de ahora, solamente la nuestra’”.

Continúa Nieva: “Ese fue el momento que se relata en la página 27 del informe: ‘A partir del 27 de febrero de 2010, el Comité de Coordinación de Gestión resolvió emitir en todos los encuentros televisados exclusivamente avisos referidos a publicidad oficial. Sin embargo, no se obtuvo evidencia de acto administrativo, orden o instrucción formal de autoridad competente, que haya dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad de privados, ni de las razones existentes de esta decisión. En consecuencia, el pago por participación de utilidades de la comercialización se volvió inaplicable, habida cuenta de que el Estado dejó de comercializar publicidad con terceros, quedando solamente la publicidad oficial no facturada’”.

Y completa: “Para nosotros esta decisión (de pasar sólo publicidad oficial) implica perjuicio fiscal. Entonces, enviar este expediente al archivo implica sacar de plano esta discusión. Existe una denuncia penal por la eventual comisión de delito, pero acá hay una cuestión administrativa que debiera de alguna manera evaluar el Congreso, si existen o no condiciones para que haya responsabilidad fiscal, que sea necesario realizar un deslinde de responsabilidades y, en su caso, si el propio Poder Ejecutivo tiene que hacerlo”.

Y el debate siguió

“¿Me permite una interrupción?”, preguntó Oscar Lamberto y, tras ser habilitado por el presidente Despouy, opinó: “Yo puedo juzgar el buen o mal uso de una partida, pero no puedo juzgar la política. Estas son decisiones políticas y hay una sola forma de juzgarlas; que es cuando la gente vota. Si el Estado dice que, en vez de contratar publicidad, hará propaganda del gobierno, esa es una decisión política y no es auditable. Me puede gustar o no, puedo estar de acuerdo o no, pero no se puede ver como un perjuicio fiscal, ni se puede medir como costo-beneficio. Es un programa político y se resuelve desde la política, no desde la Auditoría”.

Y Javier Fernández, que completa el bloque mayoritario junto a Lamberto, Brusca y Vilma Castillo agregó: “Creo que hicimos mal en enviar el informe a la doctora (por Servini de Cubría), pero fue después del tercer oficio, un poco amenazante porque nos decía que iba a allanar (la AGN). Habría que haberlo aprobado en ese mismo momento”. Y se sumó a una propuesta solicitada anteriormente por la minoría de auditores: mandar la investigación a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación.

Chicanas

Por supuesto, y como ya se dijo, el debate no estuvo exento de ironías y chicanas. Tras recordar los “goles secuestrados” y a Margaret Thatcher, Vicente Brusca enumeró lo que considera las bondades del Fútbol para Todos, puesto al servicio de difundir los actos de gobierno.

Sin embargo, el auditor Nieva dudó del “uso que se hizo de esa publicidad”, y espetó: “En cualquier Estado democrático, la publicidad no es solamente donar sangre y las cositas que decía Brusca”.

“¿Cómo cositas?”, reaccionó Brusca. Inmediatamente, Nieva aclaró: “Alguna vez he visto en un partido de fútbol una publicidad muy directa que beneficiaba en época de campaña. Quiero decir que no fue todo tan inofensivo. De hecho hay una denuncia penal contra el exjefe de Gabinete, (Juan Manuel) Abal Medina por una publicidad negativa que se hizo contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hablemos en serio. Esto (las transmisiones) ha sido utilizado políticamente, se usaron los recursos públicos en beneficio del gobierno”.

La cosa no quedó ahí. Y Brusca cantó retruco: “Nieva manifiesta que las campañas del 144, maltrato de mujeres, o la donación de sangre son cositas, pero él y yo sabemos que son importantes. Además, quiero saber qué piensa hacer el radicalismo, si algún día llega al gobierno, respecto de estos planes. Porque no es cuestión de eludir el tema, sino de fijar posición. Detrás de mí está la defensa de estas políticas públicas. Quiero saber quién está detrás suyo”.

Fue un miembro de la mayoría, Javier Fernández, el que calmó los ánimos: “Perdón doctor Brusca -dijo-, en este momento estamos en el Colegio de Auditores, y creo que es mejor no contestar estas preguntas para no entrar en agresiones”.

Y luego de que la auditora Vilma Castillo manifestara su adhesión al planteo original de Lamberto, llegó el turno del presidente Leandro Despouy, que no se perdió la oportunidad de participar en el intercambio protagonizado por sus colegas.

“Quiero decirles que yo no aplaudí las privatizaciones más salvajes, que sólo veinte años después se están empezando a reparar, y no acepto que quienes aplaudieron eso me vengan a preguntar qué hice yo en ese momento y qué voy a hacer en el futuro. Ese es un capítulo vergonzante de nuestra historia y yo lo he dicho. Entonces, no vamos a aceptar que nos den clase a nosotros, cuando lo hemos criticado, y menos los que fueron parte de esos gobiernos cuando se producían esas cuestiones. Acá lo que estamos discutiendo es otra cosa. Yo no tengo ningún miedo, no me voy a someter a ningún examen, porque estoy muy seguro de lo que voy a hacer frente al tema de las privatizaciones, si alguna vez tengo responsabilidad de gobierno. Esa pregunta (NdelR: la de Brusca) se la tienen que hacer los que, cuando tenían responsabilidad de gobierno, fueron capaces de aplaudir y promover semejante improperio, como el que se produjo en nuestro país en esa década. Entonces, creo que estos no son los argumentos que ayudan a un debate en la Auditoría. Son debates impropios, y ojalá que los podamos erradicar, porque lo que estamos discutiendo acá es el trabajo que ha hecho la Auditoría, que lo ha hecho regularmente, que lo ha hecho con sus técnicos, más allá de las sensibilidades políticas de quienes pudieron confiar en ellos esa tarea, porque en todo caso la hicieron para el Colegio de Auditores”.  

Una propuesta

Minutos después de esas palabras, el presidente de la auditoría presentó una última idea: “La propuesta que nosotros formularíamos es considerar este informe. Si no lo podemos tratar, por lo menos (queremos) que figure en las actas que solicitamos, como expresión de nuestro voto minoritario, que se agregue como anexo el proyecto de informe que no hemos podido tratar hoy, en el supuesto de que la moción de ustedes sea avalada por los cuatro auditores de la mayoría”.

Resumen y resultado

Pasando en limpio, el Colegio de Auditores tiene siete miembros. El bloque mayoritario, más cercano al oficialismo nacional, está conformado por Oscar Lamberto, Vicente Brusca, Javier Fernández y Vilma Castillo, quienes impusieron con su voto la decisión de no tratar el informe sobre el Fútbol para Todos y enviar el material al archivo y a la jueza Servini de Cubría.

Por otro lado, el presidente del organismo de control, Leandro Despuy, integra el bloque minoritario junto al catamarqueño Horacio Pernasetti y Alejandro Nieva. Todos ellos, elegidos por la oposición política dentro del Congreso nacional, votaron por el tratamiento del informe y, al no lograr su objetivo, consiguieron incluir los detalles de la investigación como anexo en las actas que reflejan las sesiones del Cuerpo. Esa será la forma de acceder a los datos del trabajo que hoy están en manos de la Justicia.

Además, como resultado del encuentro se decidió remitir el informe también al juez Sebastián Casanello, quien lo había solicitado en tres oportunidades y que lleva adelante otra investigación sobre la iniciativa de televisación de los partidos de fútbol.

Consenso final

Sobre el cierre de la sesión y tras un intenso intercambio, Lamberto dijo: “Sin duda, no fue el mejor día para la Auditoría”, y Despouy adhirió: “Estoy de acuerdo con usted, Lamberto, no ha sido el mejor día; al contrario, yo creo que ha sido un muy mal día”.