Enrique Peña Nieto promulgó la semana pasada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entró en vigor en el Diario Oficial de la Federación, el periódico oficial del Gobierno Constitucional de México. 

Durante el acto realizado en el Palacio Nacional, el Presidente detalló algunas características de la normativa, entre las que se incluye la “obligatoriedad” de los organismos públicos y privados –excepto la Suprema Corte- a brindar información al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), un organismo constitucional autónomo.

Según la nota de publicada por el sitio Política Comunicada, se planteó la creación de un Sistema Nacional de Transparencia que contará con un sitio web para que los ciudadanos puedan consultar la información pública. 

Otra de las cuestiones que hacen a la Ley es que no se podrá reservar la información relacionada con la “investigación de violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, excepto cuando sea por motivo de seguridad nacional”.

Peña Nieto, quien no solo preside México, sino también la Alianza para el Gobierno Abierto, afirmó que se incorporarán 15 nuevas sanciones para multar a los servidores públicos que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública.

En el evento, el mandatario sostuvo que “esta legislación cerrará espacios a la discrecionalidad en la gestión pública y la hará más clara, además de que generará más confianza en la sociedad pues amplía la participación ciudadana en favor de la transparencia”.

En el mismo contexto, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, concluyó: “Su aplicación y cumplimiento deben representar un antes y un después en nuestra vida institucional y debe representar el adiós a la opacidad gubernamental”.