Comenzó este viernes en Tucumán el primer juicio por supuestas irregularidades en obras llevadas adelante por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). 

En el proceso se juzga al extitular de la dependencia, Miguel Ángel Brito, por los presuntos delitos de fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. 

Puntualmente, al exfuncionario se le cuestiona el uso de un mecanismo excepcional para hacer contrataciones directas en el ámbito de la DAU.

Y es que, si bien esta práctica está prevista en una ley provincial 7.960, que permite comprar o contratar servicios en casos de urgencia, sin licitaciones, y por montos de hasta $150 mil, se presume que Brito hizo un abuso de la herramienta y perjudicó al erario público. 

El caso trascendió en 2012, tras la denuncia de la actual senadora Silvia Elías de Pérez y el legislador Ariel García, sustentada en un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia. 

La justicia aún no recibió nuevas auditorías porque los expedientes son muy voluminosos

Fue por eso que en la primera audiencia del juicio declaró como testigo Federico Coroneu Astorga, un ingeniero fiscal del organismo de control, quien dijo que al momento de la primera auditoría, en 2012, no contaban con documentación técnica de todas las obras. 

De hecho, el profesional contó que “no había ni planos ni ubicaciones específicas, por lo que, en ocasiones, se visitaron localidades homónimas pensando que allí se encontrarían los trabajos de la DAU”. 

No obstante, el testigo añadió que, con el paso del tiempo, el Tribunal de Cuentas avanzó con nuevas auditorías y varias de esas falencias se fueron subsanando (ver Lo que viene). 

Igualmente, ante una pregunta de la fiscalía, el ingeniero remarcó que “la mayor irregularidad fue que había obras que no estaban ejecutadas, como por ejemplo una pista de salud en el barrio Oeste II, sobre la ruta 301, y una plaza de Los Ralos”. 

Con respecto al uso del mecanismo de excepción para compras y contrataciones, el diario local La Gaceta reprodujo un tramo del diálogo entre el fiscal del caso, Carlos Saltor y el profesional del organismo de control: 

-Corríjame si me estoy expresando mal -comenzó Saltor-, en los casos en que a usted le ha tocado intervenir, en obras realizadas bajo la ley 7.960, ¿solo pudieron hacer control preventivo porque no regresó el expediente?

-Exacto -respondió el controlador-, puede ser por muchos factores: que la repartición se quede sin plata y se suspenda la ejecución, pero hubo casos que a nosotros el expediente no nos llegó más.

-Entonces, ¿puede que haya ocurrido que una obra, concluida o no, haya sido pagada sin que (el Tribunal de Cuentas) la visitara?

-Claro, exactamente. 

Lo que viene

Si bien aún no están confirmadas las fechas, se espera que en las próximas audiencias declaren otros ingenieros y arquitectos del Tribunal de Cuentas. 

Mientras tanto, la Cámara Penal tucumana mandó a pedir las nuevas auditorías del organismo de control para cotejar esos hallazgos con la primera investigación de 2013. Es que en el informe original había anomalías en 86 obras sobre un total de 500, pero las que suscitan la atención de los jueces son 38, así que su intención, según trascendió, es depurar el universo analizado para decidir sobre el futuro del exdirector de la DAU. 

Igualmente, los integrantes de la Cámara deberán esperar ese material. Es que, tal como informó la prensa local, el Tribunal de Cuentas aún no envió copias de las nuevas investigaciones porque los expedientes son muy voluminosos.