La Comisión de Medidas Legales y Sociales contra la Corrupción de Transparencia Internacional España (TI) elaboró el documento Principios de Ética y Buenas Prácticas Parlamentarias con el objetivo de “mejorar la integridad, la transparencia y el adecuado desempeño” de las actividades del Poder Legislativo, tanto en lo que refiere a diputados como a senadores, así como también en los 17 Parlamentos autonómicos existentes en el país.

En primer lugar, TI plantea crear una Comisión de Ética en cada Parlamento en donde se pueda debatir cualquier consulta sobre esa materia, analizar comportamientos “dudosos” y contactos “poco transparentes” con grupos de lobbies.

Dentro de ese marco, se establece la “regulación legal de los grupos de interés”, conocidos como lobbies. Ello implica la creación de un “Registro público obligatorio, online y abierto, de estos grupos”, los cuales deberán informar “detalladamente” sobre sus relaciones con los parlamentarios, los intereses que defienden y sus remuneraciones.

Teniendo en cuenta que el informe apela a “aumentar la confianza” del Estado por parte de los ciudadanos, se propone desarrollar un sistema “permanente” de rendición de cuentas que permita hacer públicas las agendas y seguir los proyectos de ley, intervenciones, e iniciativas de cada parlamento.

Otro de los principios expuestos son las listas electorales “abiertas”. Es que los partidos políticos, a través de sus listas cerradas y bloqueadas, “impiden que el ciudadano pueda sancionar a los candidatos que en su opinión no merezca su confianza”.

Del mismo modo, el documento establece “una prohibición expresa” de recibir regalos que “superen un valor aproximado de 50 euros”, los cuales deben llegar a la Presidencia de la Cámara en representación oficial de la institución.

Es de público conocimiento que los parlamentarios deben servir los “intereses generales”, evitando que sus intereses particulares “puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades”. En este contexto, “sería conveniente”, sostiene Transparencia Internacional, que la Comisión de Ética mencionada anteriormente “asuma el control riguroso del Registro de actividades y bienes”.

El trabajo establece una “duración limitada de los mandatos”: tres años como máximo.

Asimismo, se propone un “control detallado y la publicidad en la web de los gastos de viaje” de cada uno de los legisladores, con desgloses por conceptos y actividades. Este ítem cobra importancia porque se trata del dinero público aportado por los propios ciudadanos españoles.

Transparencia Internacional considera que la protección de los denunciantes es de suma relevancia. Es por eso que plantea un “canal de denuncias confidenciales” sobre irregularidades o malas prácticas, procedentes tanto del exterior como del interior de los parlamentos.

Por último, cabe destacar que los Principios expuestos “tratan de propiciar” el cumplimiento de las disposiciones el artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que España es parte.