El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) presentó el primer informe sobre indicadores normativos en el marco del seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima, que fue suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018. El documento describe las disposiciones aplicadas en la lucha contra ilícitos o abusos en el Estado y destaca el desarrollo normativo en lo referente a transparencia en rendición de cuentas, financiamiento de campañas o manejo de recursos a través del sistema bancario.

La Fundación Directorio Legislativo es parte del Foro de las Américas, el espacio donde se creó el Observatorio. Su directora ejecutiva, Noel Alonso Murray, destacó parte de la normativa anticorrupción sancionada en los últimos 10 años y mencionó algunos ejemplos que reflejan un vacío entre la sanción de leyes y su efectiva implementación. 

Primer Balance del Observatorio Ciudadano de Corrupción Indicadores Normativos

“Los funcionarios y legisladores de América Latina son fantásticos creadores de normativas. Muchas veces son teorías hermosas, con derroche de derechos para los ciudadanos, pero ejercerlos es otro cantar”, analizó Alonso en el inicio de su exposición. 

Un equipo de trabajo de Directorio Legislativo realizó un relevamiento de acuerdos, resoluciones, circulares, convenios, leyes y decretos aprobados entre 2011 y 2021 y su implementación. El trabajo se hizo sobre 281 normas vinculadas al financiamiento de políticas, ética e integridad, declaraciones juradas de funcionarios, compras y contrataciones, la protección de denunciantes y los beneficiarios finales. 

Tweet de Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC)

“Casi todos los países avanzaron en términos normativos. México, Perú, Argentina y Paraguay tuvieron un gran espíritu normativo en este tiempo, pero no quiere decir que sean grandes leyes. No se beneficia la cantidad por sobre la calidad”, agregó Alonso Murray.

De la sanción a la implementación hay un largo trecho. “Muchas de esas normativas se reglamentan parcialmente o establecen determinados principios que luego no hay un organismo que tengan la capacidad de implementar, ya sea por recursos o por voluntad”, agregó la representante argentina en la reunión del OCC. 

También hizo referencia al debate de los beneficiarios reales (empresarios que son contratistas del Estado) que actualmente está librando el Congreso colombiano. "Si se maneja puertas para adentro de los organismos impositivos, la lucha es contra el lavado de activos. Si fuese información pública sería lucha contra la corrupción, porque toda la sociedad podría acceder a esos registros cerrados”, explicó la representante de Directorio Legislativo.