Las organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) se reunieron -de manera virtual- para analizar los avances del país sobre los compromisos asumidos en la VIII cumbre de las Américas.

El OCC es una iniciativa que se lleva a cabo a nivel regional. Está integrado por Transparencia Internacional (TI) en América Latina, y auspiciado por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y el Foro Ciudadano de las Américas (FCA).

El informe fue elaborado por 10 organizaciones de la sociedad civil y se publicará en julio.

José Bisillac, asistente del Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Poder Ciudadano, brindó un adelanto de las conclusiones sobre la reunión internacional de la cual participó. Aclaró que, aunque aún no se cuenta con datos o información precisa sobre el avance de los distintos países en lo que a corrupción respecta, la misma estará detallada en un informe elaborado junto con 10 organizaciones de sociedad civil. El documento será publicado en julio de 2021. 

Además, el integrante de Poder Ciudadano anticipó que "Argentina cumple con la mayoría de los compromisos, con alguna salvedad en relación a la eficacia de las medidas". Además detalló que el seguimiento que se hace desde el Observatorio tiene dos aspectos: uno normativo y otro practico.

Se reunió el Observatorio Ciudadano de Corrupción

Falta de transparencia en el contexto de la pandemia

Por otro lado, Bisillac comentó el panorama de lo que fue el año de emergencia sanitaria y desarrolló las problemática actuales a nivel nacional y regional, producidas de la pandemia de COVID-19.

En este sentido, informó que durante 2020 se detectó falta de transparencia en lo que fue el manejo de los fondos públicos destinados a combatir el coronavirus. “Se armó un observatorio de compras para monitorear todas las contrataciones de emergencia que se estaban realizando”, comentó el abogado. Frente a esta situación, Poder Ciudadano remarcó que durante 2021 se mejoró el sistema de integridad de las compras públicas.

Durante 2020, se detectó falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a combatir el coronavirus.

Actualmente, la fundación concentra su actividad en una nueva preocupación: los contratos por compras de vacunas. Bisillac agregó que a principio de año fue absolutamente secreto el contenido de los mismos, firmados entre los laboratorios y el Estado Nacional. Esta falta de información generó riesgos y falta de transparencia.

La organización confirmó que Argentina rubricó documentos que incluían cláusulas de confidencialidad, por lo que no se difundieron. Sin embargo, estás condiciones son contrarias a lo que expresa la ley 27.275 de acceso a la información pública. Frente a esta situación, "organizaciones, medios de comunicación y la presión social han impulsado al Estado a una mayor apertura de datos", enfatizó Bisillac. Además, comentó que la información conseguida aporta más transparencia a estos procesos.

El abogado comentó que esta es una problemática mundial. “Los laboratorios han aprovechado su posición de poder frente a la necesidad de los Estados y han incluido estas cláusulas de confidencialidad muy rigurosas que todos los países aceptaron”, señaló.

Para finalizar, Bisillac remarcó que la fundación busca una mayor apertura y transparencia en los procesos vinculados con compras y contrataciones. “La emergencia sanitaria, tras un año de pandemia, ya no es excusa”, subrayó el abogado.