Hablar de presos en Argentina suele remitir en parte a una cantidad de personas que aún no tienen condena firme o que están en condiciones de hacinamiento, sin los derechos básicos garantizados. Cada tanto, con menos notoriedad, se dan a conocer situaciones de sujetos que estuvieron detenidos un largo tiempo y, finalmente, se comprobó que eran inocentes. El Auditor.info habló con Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, una fundación que se dedica a trabajar en casos donde, por error judicial o por causa armada, personas inocentes fueron condenadas injustamente a penas privativas de la libertad.

- ¿Existen estadísticas respecto de la cantidad de detenidos inocentes que hay en el país?

No hay un registro, es muy difícil de calcular. La única manera de que alguien que fue condenado sea inocente es que logre una sentencia que revise la condena. Lo que está demostrado es que es un fenómeno que en número de casos demostrados es muy superior a lo que se especulaba. Siempre se pensó que la Justicia podía equivocarse. En Estados Unidos, desde los ’90, cuando empezaron con la cuestión del ADN, revocaron 2.783 condenas. Es sólo la punta del iceberg.

-¿Por qué ocurre esto? ¿Hay negligencia o mala fe?

Hay casos que se dan por errores y otros por causas armadas. Las razones de las condenas erróneas son semejantes en todo el mundo. Se trata de una combinación de problemas probatorios que son variados y tienen que ver con la memoria de los testigos, las ciencias basura que no son fiables, o problemas con reconocimientos de personas. A eso nos referimos cuando hablamos de cuestiones estructurales. También hay fenómenos delictivos, casos de inconducta -como llaman en Estados Unidos- de policías y fiscales que pueden llegar al extremo de armar una causa, en la que se inventan pruebas para incriminar.

"En Estados Unidos, desde los ’90, cuando empezaron con la cuestión del ADN, revocaron 2.783 condenas. Es sólo la punta del iceberg", destacó el abogado.

- ¿Es responsabilidad solo de la Policía o también de la Justicia?

Lo usual es que lo arme la policía, pero puede pasar que en algunos casos los fiscales estén involucrados. Tenemos casos donde el fiscal estaba en connivencia. Pero también puede ocurrir que una causa esté armada por la fuerza y que la Justica no sea parte, ya sea porque no detecta las irregularidades o le cree a la prueba que fue fraguada. 

A veces, hay jueces que, frente a casos graves, aun con una prueba débil, si no se corrobora que se trata de una causa armada, terminan condenando. En esos casos, el juez es poco crítico, básicamente, porque suele haber presión social.

-¿Qué reparación le cabe al detenido injustamente por parte del Estado?

No es tan sencillo, hay que hacer un juicio para que el Estado repare. En algunos códigos procesales, se establece una especie de piso para un resarcimiento económico. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el equivalente al salario mínimo, vital y móvil por el tiempo que la persona estuvo condenada. Pero en Argentina, el tiempo de la condena se cumple en prisión preventiva. Cuando se demuestra que fue condenado por error en primera instancia o por un tribunal de apelaciones, la causa todavía está abierta. En un juicio para resarcimiento hay que demostrar que hubo mala fe, conducta grave en negligencia o delictiva por parte del sistema judicial. Dura muchos años y se deben sortear los criterios restrictivos de la jurisprudencia. Litigar para recibir una indemnización puede llevar 15 años.

- ¿Cómo se involucra Innocence Project en las causas? 

El condenado o su familia se acercan. Hay formularios para pedir nuestra participación. Se debe ver si el caso reúne las condiciones para que lo investiguemos y que haya pruebas que demuestren la inocencia. Entre las condiciones aparece que la persona tenga por lo menos cinco años de condena pendiente y que haya elementos que demuestren su inocencia.

- ¿Cuál es el tiempo máximo que una persona estuvo detenida y resultó ser inocente?

De los casos que llevamos hasta ahora, Jorge González Nieva estuvo casi 14 años y Cristina Vázquez, 11. En Estados Unidos, en cambio, hay gente que estuvo 30 o 40 años presa por error. Incluso, en algunos casos se comprobó la inocencia luego de que se ejecutara la pena de muerte. 

- ¿Los juicios por jurados pueden ayudar a evitar este tipo de situaciones?

Los jurados pueden equivocarse como los jueces técnicos. La ventaja es que suelen ser más personas y se exige coincidencia o unanimidad para determinadas condenas. Si hay exigencia de que más sujetos se pongan de acuerdo, al menos hay algún mecanismo que apunta a prevenir el error.

- ¿Qué responsabilidad le cabe al Poder Legislativo?

El Congreso debería modificar algunas cuestiones en las leyes procesales para prevenir errores, por ejemplo, regular de modo distinto los reconocimientos de personas, eliminar obstáculos para los recursos, obligar a que se registren los juicios. Son cuestiones que el Congreso debería legislar como mecanismo preventivo.

Respecto de las causas armadas, también deberían modificarse los mecanismos que existen para fiscalizar la actuación policial, establecer criterios que aseguren mejores controles. Hay que diseñar mecanismos que modifiquen los niveles de corrupción, mejor supervisión. Cuando el discurso apela a la mano dura y a endurecer penas, se está yendo a contramano de lo que debería ser un sistema más racional y cuidadoso.