Al cierre de esta edición, dos funcionarios públicos de un municipio de la provincia de Mendoza están prófugos de la Justicia, que ya libró sendas órdenes de captura en el marco de una investigación por irregularidades, como la emisión de 200 cheques sin fondos, administración fraudulenta y peculado.

Se trata del intendente de la localidad de Santa Rosa, Sergio Salgado, y el contador municipal, Walter Funes, quien se encuentra de vacaciones, según publican medios mendocinos.

Anteayer, el fiscal especial Santiago Garay había encabezado un allanamiento en el domicilio del jefe comunal Salgado y, al no encontrarlo, decidió emitir la orden de detención. Fuentes locales explicaron que el intendente, que ni siquiera se presentó en la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante local, viene siendo cuestionado en los últimos tiempos por varias irregularidades que llevaron al mismo cuerpo legislativo a iniciar una investigación para destituirlo.

Esas denuncias, entre las que se destacan la supuesta malversación de fondos públicos, deudas con proveedores, licitaciones directas y hasta usurpación de terrenos, fueron tomadas por el Tribunal de Cuentas provincial, que logró confirmar la emisión por parte de la comuna de por lo menos unos 200 cheques sin fondos.

Los hallazgos provocaron que a fines de febrero el fiscal Garay allanara la propia Municipalidad de Santa Rosa, en un despliegue inusual para un pequeño pueblo mendocino, con el objetivo de requisar e incautar documentos, computadoras y archivos.

Tras esta medida, y en coincidencia con el pedido de detención de Salgado y Funes, la Justicia también ordenó la aprehensión de Juan Trigo, exsecretario de Gobierno comunal, y de Franco Ojeda, extitular de la Secretaría de Hacienda local, quienes fueron atrapados este lunes y trasladados a la Fiscalía de Delitos Complejos.

Los cuatro funcionarios serán acusados bajo la figura de administración fraudulenta en concurso real, con peculado, asociación ilícita y emisión de cheques sin fondos. Además, al intendente se lo imputará del delito de exacciones ilegales, por cobrar el estacionamiento de la feria La Salada (equivalente a la que funciona en Lomas de Zamora), sin haber emitido tickets ni dejar registros del destino de ese dinero.