“Evidentemente, la reglamentación del artículo 85 de la Constitución es una deuda que tiene el Congreso con la sociedad”. Así comenzó su exposición el Auditor General Horacio Pernasetti en el panel que abordó la necesidad de reglamentar esa norma de la Carta Magna, y que compartió con su par Oscar Lamberto y el Secretario General de la Asociación del Personal de Organismos de Control –APOC-, Hugo Quintana.

Fue en el anteúltimo bloque de las Jornadas Nacionales sobre Control y Transparencia en la Gestión Pública, organizadas por la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), que se llevaron a cabo en el auditorio del Colegio de Abogados de la localidad bonaerense de Junín.

El artículo en cuestión establece que el control externo del Estado es atribución del Congreso, que apoyará sus opiniones en los dictámenes del organismo técnico que lo asiste, la Auditoría General de la Nación (AGN). Desde la comunidad de los entes fiscalizadores coinciden en resaltar que esperan la reglamentación de la norma desde hace 16 años. 

Pernasetti razonó: “Si el control es del Congreso, también hay que reglamentar el funcionamiento del Congreso para cumplir este rol. Esto significa analizar la función de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, a la que hay que dotar de elementos nuevos, modernizarla en su funcionamiento, no solamente en cuanto al número de sus integrantes, sino a las facultades. Las recomendaciones de los informes llegan al destinatario con mucho atraso, por eso tenemos que hacer un control más en tiempo. Y el Congreso tiene que analizar los trabajos de alguna forma; yo me hago cargo, porque he sido diputado y estos informes no nos llegaban a todos. Estas son las cuestiones que el Congreso debe asumir, y la ley que reglamente el artículo 85 debe prever qué vamos a hacer con estos informes, cuál va a ser el rol del Parlamento y la reacción a la que esté obligado el Poder Ejecutivo ante este tipo de situaciones. Creo que el desafío es grande”.
 
“No basta sólo con reglamentar el artículo 85 –añadió el catamarqueño-, debemos avanzar con la responsabilidad de los funcionarios y el tema de la rendición de cuentas, que están enunciadas pero no debidamente desarrolladas en la Ley de Administración Financiera”.

Desde el ámbito gremial, el titular de APOC, Hugo Quintana, dirigió la primera parte de su exposición a los alumnos de la UNNOBA que colmaron el auditorio: “Para que los estudiantes se enamoren del control, tenemos que dejar esas discusiones que llevan 30 años, si Auditorías o Tribunales de Cuenta, y tratar de demostrarles qué relación tiene el control con cómo nos va a los argentinos”.

“Falla el sistema de control, que debe funcionar más allá del letra de la ley”, dijo Quintana, y adjuntó: “La imperiosa necesidad de que el Congreso levante esta asignatura pendiente de 16 años, y reglamente el artículo 85 de la Constitución, tiene como consecuencia que dejamos de creer en la política porque no vemos transparencia en los actos de quienes nos gobiernan”.

Además, el Secretario General de APOC enumeró los elementos que, a su criterio, debería incluir la norma en cuestión: “En cuanto al presupuesto, queremos que sea un número que represente un porcentaje de la recaudación, o lo que sea, pero que no nos lo fijen, porque después nosotros los tenemos que controlar; posibilidad de sancionar, porque cuando desde la AGN vemos cosas incorrectas, y las elevamos a la justicia, vuelven en un porcentaje escandaloso, y todo queda como era entonces, creemos que la sanción sostenida en el tiempo modifica la conducta; queremos que defiendan a nuestra gente, que los organismos de control no sean cooptados por la política; que haya carrera administrativa, que lleguen los mejores mediante concurso de oposición y antecedentes. El modo de llegar a los diferentes cargos debe ser muy estudiado, porque un opositor a cargo de un organismo de control puede poner en jaque o hasta voltear un gobierno, entonces tiene que haber responsabilidad en los partidos políticos a la hora de designar sus auditores, la Auditoría no tiene que ser una salida para los diputados o senadores que no pueden ser reelectos. Y queremos buenos salarios, porque, cuando se paga más afuera, los mejores se van”.

Por su parte, Lamberto observó que para analizar el artículo 85 de la Constitución no debería perderse de vista el 86, que habla del Defensor del Pueblo. Entre ambos apartados hay varias diferencias, como el modo de elección, porque mientras el Defensor es designado por dos tercios de los presentes de las Cámaras, un Auditor necesita la mayoría absoluta. Además, la inmunidad y el privilegio de los legisladores también le corresponden al Defensor, lo mismo que la legitimidad procesal, facultades a las que no acceden los Auditores.

“¿Qué debería tener el artículo 85?”, se preguntó Lamberto, y respondió: “Asesoramiento al parlamento, porque ahí se toman las decisiones y es donde los informes se pueden hacer operativos; hoy los organismos internacionales aconsejan el seguimiento de temas relevantes, como la sustentabilidad de la deuda, del sistema previsional, de los subsidios, la solidez del sistema financiero, del tipo de cambio, y nosotros tenemos los insumos para hacerlo; y la evaluación de la gestión por resultados y con evidencias, esto es lo importante, un nuevo concepto definido en términos de qué productos usamos y qué impactos tienen”.

Cerró el presidente

El cierre de las Jornadas de Junín estuvo a cargo del presidente de la AGN, Leandro Despouy, quien afirmó que “el tema de las sanciones debe aparecer como una discusión clara, porque este país, que tiene una escasa cultura de control, no cuenta con un sistema de sanción en los asuntos contractuales entre el Estado y el sector privado”.

Despouy ahondó: “Tenemos informes de auditoría donde los incumplimientos eran equivalentes a 40 o 50 millones de dólares, y las sanciones eran de 2 o 3 mil dólares, una invitación al incumplimiento”.

Sobre el tema de los informes de la SIGEN, el presidente dijo que “a veces nos encontramos con que un ciudadano común tiene más posibilidades que un órgano de control de conseguir información, y esto no puede ser, son cosas que tienen que quedar muy claras y para siempre”.

Por último, Despouy resaltó la pertinencia de que la titularidad de un organismo de control como la AGN esté en manos de un representante de la oposición: “Esto es elemental y está más allá de cualquier debate filosófico y político que se pueda plantear”, completó.