Solo dos de cada cinco argentinos piensa que la corrupción aumentó
Mientras que el 87% de los venezolanos considera que el nivel de transparencia de su país disminuyó, en nuestro país el 41% estima que la situación no mejoró. A nivel regional, el 62% de los encuestados cree que la corrupción incrementó.
Recientemente, Transparencia Internacional (TI) elaboró un informe a partir de encuestas a 22 mil ciudadanos de 20 países de América Latina y el Caribe para evaluar si el nivel de corrupción había aumentado, disminuido o permanecido igual en el último año.
El Barómetro Global de la Corrupción dio a conocer que seis de cada diez personas que viven en la región cree que el nivel de corrupción aumentó (62%); solamente una de cada diez piensa que disminuyó (10%), mientras que el 25% no percibe cambios.
Si bien este panorama se refleja en casi todos los lugares –en 17 de los 20 países se cree que la corrupción incrementó-, en Venezuela (87%), Chile (80%) y Perú (79%), los ciudadanos muestran una opinión más crítica.
En cambio, Argentina se ubica en el otro extremo de la tabla ya que solo dos de cada cinco ciudadanos (41%) estima que la situación no mejoró. A continuación le sigue Guatemala con el 42% de los votos.
Ahora bien, cuando TI indagó en los grupos de poder menos transparentes según los encuestados, los resultados revelaron que la policía (47%) y los representantes electos (47%) son los más elegidos, en tanto los ejecutivos de empresas (36%) y los líderes religiosos (25%) son considerados como los menos corruptos.
Se desprende que los grupos más corruptos son la policía y los representantes.
En este contexto, más de la mitad de los ciudadanos (53%) en la región afirman que su gobierno tiene un mal desempeño en la lucha contra la corrupción en el sector público y apenas un tercio señala que el gobierno está actuando bien en ese sentido (35%).
Recomendaciones
Para revertir la situación, la organización de la sociedad civil considera necesario tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos; involucrar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción; fortalecer los órganos que imparten justicia; sanear la institución policial y proteger a los denunciantes.
