De los 133 informes financieros aprobados por la Auditoría General de la Nación (AGN) durante 2010, solo 23, un 17,29%, obtuvieron dictamen favorable, lo que significa un juicio positivo por parte de los técnicos que efectuaron los análisis.

Las auditorías financieras intentan determinar si los estados contables de un ente o empresa, en este caso del Estado, son razonables. Es decir, se busca establecer si los datos expresados en balances, en el estado de los resultados o en el origen y la aplicación de los fondos, reflejan la situación económica y financiera de la dependencia auditada dentro un lapso determinado.

Sobre las 133 investigaciones a las que se tuvo acceso, 66 analizaron los estados financieros de los préstamos de organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Y 67 también fueron sobre estados financieros, pero de instituciones o empresas del sector público.

Por el lado de las 66 auditorías sobre préstamos multilaterales, 20 recibieron dictámenes “favorables”; son los que indican que la información vertida en los estados financieros examinados es razonable desde el punto de vista económico, financiero y patrimonial, e implican el juicio más positivo de los fiscalizadores.

En tanto que los 46 informes restantes obtuvieron dictámenes “favorables con salvedades”. Esta opinión profesional indica que durante la investigación aparecieron determinadas excepciones que generaron que el juicio no alcance a ser totalmente positivo. Esas salvedades pueden ser un desvío respecto a las normas contables vigentes al momento de la investigación, por ejemplo, una diferencia de criterio a la hora de valuar la incobrabilidad de los préstamos otorgados por un banco.

Por otra parte, de los 67 informes de la AGN sobre estados financieros de empresas públicas, solo tres terminaron con dictámenes favorables. Además, hubo 20 investigaciones conocidas como de “revisión limitada”, que son las analizan un período intermedio de un ejercicio, por ejemplo un trimestre, y no un año completo, por lo que los auditores no ejecutan todos los procedimientos requeridos.

Quince casos culminaron con “abstención de opinión”. Estas calificaciones aparecen cuando el auditor no puede emitir juicio sobre la razonabilidad económica y financiera del ente analizado por las incertidumbres que generan ciertos aspectos administrativos; algunos por no estar claramente definidos, y otros por depender de hechos futuros, de los que no se conocen los resultados al momento del informe.

Por ejemplo la auditoría al Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP). El hecho que motivó la abstención está relacionado con la nueva ley de medios; es que con la norma se disolvió y liquidó la empresa a partir de diciembre de 2009, pero el SNMP valuó sus estados contables bajo el principio de empresa en marcha.

En el estudio sobre Aerolíneas Argentinas hay varios motivos para la abstención: falta de control interno en relación a la descentralización administrativa, aviones que no se usan y generan altos costos de mantenimiento, no se pudo validar la cuantificación de los juicios que enfrenta el ente, hay diferencias en la valuación de los inventarios, etc. Algo parecido ocurre con los informes de la línea Austral y las empresas Aerohandling y Jet Paq.

La incertidumbre, en el caso de la auditoría a Fabricaciones Militares, es que se espera que el Congreso de la Nación apruebe una ley que establezca la indemnización para los demandantes por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba, en 1995, y además está pendiente la transformación jurídica del ente.

Y las 29 auditorías restantes concluyeron con dictámenes “favorables con salvedades”. En esta categoría se destacan los informes sobre los estados contables 2007, 2008 y 2009 de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., en los que se repitió la salvedad relacionada a la construcción de la central nuclear Atucha II (y además, no se obtuvieron los estados financieros auditados de los fideicomisos que forman parte de la compañía); en la investigación en Nación AFJP, la salvedad fue la recuperabilidad de los créditos y la incertidumbre por la reestatización del sistema jubilatorio; en el trabajo sobre el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, la salvedad surgió de las deficiencias detectadas en el control interno del resguardo de la documentación; en la auditoría sobre la AFIP, las salvedades son la aplicación de un nuevo sistema informático, la incertidumbre en la resolución de conflictos con empresas y juicios en contra; en el análisis a la labor del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario del fideicomiso de administración del proyecto para terminar Atucha II, la incertidumbre se planteó por pagos hechos al exterior sin autorización del órgano rector, es decir, el Banco Central; en el informe sobre AySA, las incertidumbres se basan en créditos por servicios prestados por la empresa, pero que los cobró Aguas Argentinas, la anterior concesionaria, además, también se afrontan juicios en los que no se espera un resultado favorable.
 
El año pasado, la AGN no emitió ningún “dictamen adverso”, la calificación más negativa, que se presenta cuando la información expuesta en los estados financieros no son razonables respecto a la situación del ente auditado.
 
En rigor, durante 2010 la AGN realizó un total de 135 auditorías financieras, aunque en la página web del organismo se puede acceder a 133. Los dos trabajos que no están disponibles son, por un lado, la Resolución 207, un “Informe Especial sobre el Estado de Capitales Mínimos referidos a los Estados Contables al 30/06/2010 (de) Nación Seguros de Retiro SA”. Y, por el otro, la Resolución 11, que se trato de “Tomar conocimiento del Informe de Revisión Limitada referido a los Estados Contables al 30/09/06 por el período de nueve meses finalizado a esa fecha (del) Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso Suquía.