Aumenta la desigualdad en el acceso a la Justicia
Un grupo de 42 organizaciones de la sociedad civil, de 17 países de la región, fueron encuestadas sobre cómo los poderes judiciales acomodaron sus tareas en el contexto de la pandemia. El informe indica que los grupos vulnerabilizados se encuentran con menor protección social y sanitaria.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica presentó el Reporte sobre Acceso a la Justicia en Latinoamérica durante la pandemia de COVID-19. El documento fue elaborado luego de una encuesta en la que participaron 42 instituciones de 17 países de la región.
En el informe aseguraron que “la pandemia profundizó aún más las desigualdades en América Latina, haciendo que los grupos vulnerabilizados se encuentren más afectados con el aumento de la pobreza y el desempleo, y con menor protección social y sanitaria”. “En este marco, los problemas de acceso a la Justicia impactan de manera desigual y diferenciada en grupos, colectivos y comunidades en situación de vulnerabilidad”, sostuvieron.
De los resultados, el primer dato que se desprende es que, en 12 de los 17 países analizados, se adoptaron medidas de excepción constitucional y se dio un proceso de acumulación de funciones en los poderes Ejecutivos y en ocho países se suspendieron las funciones de los poderes legislativos.
“Los judiciales de la mayoría de los países funcionaron de manera atípica, interrumpiendo, suspendiendo y/o afectando el normal desarrollo de los servicios de Justicia, dejando solo servicios mínimos para causas urgentes o para ciertos temas o materias”, explicaron y agregaron que “su funcionamiento fue percibido como poco efectivo para dar respuesta en el contexto de la pandemia”.
Las organizaciones indicaron que las suspensiones de actividades jurisdiccionales impactaron en el rol insustituible que tiene el poder judicial, en la protección de derechos y en el control sobre los otros poderes del Estado. Además, “respondieron de manera limitada a la necesidad de generar cambios e innovaciones organizacionales que permitieran dar respuestas particulares a las demandas adicionales de los grupos vulnerabilizados".
En el último año, en la mayoría de los países no se generaron o ampliaron las funciones de la Justicia para dar respuesta a la pandemia. “Así, en ningún país se reporta un aumento de la capacidad instalada a partir de la pandemia”, señalaron. Según las instituciones, “las medidas implementadas, en general, no se distribuyeron de manera uniforme en las distintas jurisdicciones subnacionales de los países analizados”.
Con respecto a los procesos de incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se aceleraron a partir de la pandemia en toda la región, aunque solo siete países adoptaron un enfoque diferencial buscando reducir la brecha digital.
El documento también concluye que se profundizaron las barreras que afectan a los grupos vulnerabilizados en su vinculación con los servicios de justicia y la asistencia legal gratuita se vio afectada por la suspensión de los servicios de justicia y por los cambios en la modalidad de prestación.
Más allá de los aspectos negativos, destacaron las buenas prácticas estatales e iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil en las que generaron alianzas y redes regionales para diagnósticos, visibilización de la vulneración de derechos y abordajes de problemáticas locales.
Dentro de los avances resaltaron las medidas relacionadas al abordaje de las problemáticas de violencia contra las mujeres: declaración de servicio de asistencia a las mujeres como esencial; apoyos económicos, creación de observatorios para medición y monitoreo de violencias, extensión de medidas de protección previas a la pandemia.