Los desechos electrónicos en 13 países de América Latina aumentaron un 49% entre 2010 y 2019. Sin embargo, solo el 3% se recopiló y gestionó de manera segura. No hay certeza sobre el 97% restante, que puede incluir 1.700 millones de dólares en materiales recuperables al año.

El informe fue elaborado en el marco del Proyecto Residuos Electrónicos América Latina (PREAL), financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El documento es la primera evaluación de la ONU sobre el volumen de residuos electrónicos de la región, su legislación y su infraestructura de gestión.

En 2019, los RAEES generados por 206 millones de ciudadanos en los 13 países alcanzaron 1.300.000 toneladas, casi el 30% fue plástico. 

Por definición, aquellos aparatos eléctricos o electrónicos que dejan de funcionar o son descartados son considerados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES). La vida útil varía considerablemente según el tipo de aparato y de factores como la existencia de una cultura de la reutilización, la facilidad de acceso a nuevas tecnologías, la situación económica, entre otros.

El problema radica en que la mayoría de estos desechos terminan en rellenos sanitarios o basurales a pesar de tener componentes que contaminan el agua subterránea, el aire, y otros que es posible recuperar para volver a utilizarlos.

Con respecto a la reutilización de estos componentes valiosos, el informe especificó que solo Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú han instituido una legislación específica para los desechos electrónicos y los sistemas de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) que se enfocan en su regulación. El resto de los países analizados cuentan con algunos marcos legales y regulatorios para la gestión general de residuos.

"Los residuos electrónicos constituyen uno de los flujos de residuos físicos de más rápido crecimiento en el entorno mundial actual y son una amenaza para el desarrollo sostenible", afirmó el informe.

En 2019, los RAEES generados por 206 millones de ciudadanos en los 13 países alcanzaron 1.300.000 toneladas, casi el 30% fue plástico. En detalle, el estudio encontró que un tercio de los desechos electrónicos de la región consiste en equipos pequeños como microondas, parrillas y tostadoras, parlantes, cámaras.

Sustancias peligrosas

Estos elementos -según el documento- están "mal manejados dentro de la región y es probable que no sean tratados, generando varios riesgos para la estabilidad de un ambiente saludable”.

Las sustancias tóxicas y peligrosas de los RAEES de la región comprenden -al menos- 2.200 kilogramos de mercurio, 600 kg de cadmio, 4,4 millones de kg de plomo, 4 millones de kg de retardantes de llama bromados y 5,6 megatoneladas de gases de efecto invernadero (debidos a los refrigerantes).

Falta de información

El acceso a los datos sobre estos residuos es crucial para hacer frente a esta amenaza. Sin embargo, son pocos los países que recopilan estadísticas de estos desechos comparables a nivel internacional.

"La baja calidad de los datos y el control limitado de los movimientos transfronterizos de residuos electrónicos a través del Convenio de Basilea suponen una amenaza para la gestión ambientalmente racional de los residuos electrónicos y los movimientos ilegales transfronterizos", aseguró el documento.

Del Instagram de fundacioneforo

Situación en Argentina

La cifra de aparatos en desuso a gestionar en Argentina ronda el 3% de los Residuos Sólidos Urbanos totales. Según el Manual de “Gestión integral de RAEES” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a nivel mundial, el consumo de aparatos electrónicos y eléctricos aumenta a razón de 2,5 millones de toneladas por año.

Entre el 2016 y 2018 inclusive se gestionaron 208 toneladas de RAEES en los penales bonaerenses. 

No existe una ley nacional que regule la gestión de dichos desechos. De esa manera, a estos residuos le son aplicables un conjunto de Convenios Internacionales ratificados por nuestro país: Basilea, sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; Estocolmo, sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes; Rotterdam, sobre Comercio de Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos; Viena y Protocolo de Montreal, para la protección de la capa de ozono y Minamata sobre el Mercurio.

Así también, las leyes nacionales 25.675 General del Ambiente, 24.051 de Residuos Peligrosos, 25.916 para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios; la Resolución 522/MADS/2016, sobre Estrategia Nacional para el Manejo Sustentable de Residuos Especiales de Generación Universal (REGU), y normas provinciales y de la CABA.

Tal es así que algunos gobiernos provinciales intentan implementar un circuito específico para este tipo de basura. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires, en donde los RAEES se encuentran regulados por la Ley 11.720 de 1997, que los designa como residuos especiales, y la Ley 14.321 de 2011, destinada a la Gestión Sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Como solución a esta problemática ambiental, se destaca el trabajo de la provincia de Buenos Aires que desarrolló el programa “Disposición y Reutilización de Tecnologías en Desuso” (DRTD), creado por Resolución 332/2009 del Ministerio de Justicia y que funciona dentro de la Dirección de Trabajo Penitenciario del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Los penales aceptan aparatos electrónicos en desuso de todo tipo que provienen -en su gran mayoría- de empresas, bancos, correos y oficinas públicas (ANSES, AFIP, ARBA) de la provincia en cuestión. 

Luego, estos artefactos son gestionados por internos que reciben una capacitación previa de tres meses para el desarme, armado o reciclado de materiales. La labor que desarrollan adquirió status jurídico mediante la figura del “gestor refuncionalizador de RAEE” creada por Resolución 269/2019 del OPDS y la capacitación que realizan otorga a los internos un diploma que los certifica bajo esa figura.

Desde la creación del programa en 2009 a la fecha, el Ministerio de Justicia ha celebrado convenios con 34 municipios y 11 organismos o instituciones privadas para la gestión de sus RAEE. Entre el 2016 y 2018 inclusive se gestionaron 208 toneladas, habiéndose duplicado la recepción en el último año en relación a los dos anteriores.