A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), un instrumento clave para la financiación de políticas ambientales destinadas a preservar estos ecosistemas. Esta decisión generó gran preocupación entre diversas ONGs  y en provincias como Jujuy, donde las autoridades manifestaron su rechazo.

"El Fondo Fiduciario resultó crucial para garantizar la acumulación de recursos en un contexto inflacionario como el de Argentina", explicó Parellada.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Bases, que otorga al Gobierno la facultad de modificar y disolver los fondos fiduciarios públicos, se eliminó el fondo que garantizaba los recursos asignados para la gestión sostenible de los bosques y su restauración.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2024 anticipaba una reducción significativa en los recursos destinados a políticas ambientales: la Subsecretaría de Ambiente enfrentó un recorte del 65,4% en términos reales, mientras que la Administración de Parques Nacionales experimenta una disminución del 63,4%. En total, solo el 0,16% del presupuesto nacional se destina al área ambiental.

Voces en contra

En comunicación con El Auditor.info, Ana Parellada, responsable del área de Biodiversidad de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), aseguró que la derogación del fondo representa un grave retroceso en materia ambiental.

Asimismo, la especialista explicó que “el recurso del fideicomiso era esencial para la estabilidad y transparencia en la administración de fondos destinados a la conservación de bosques nativos”. Su eliminación, advirtió Parellada, debilita la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos clave de conservación y restauración.

En ese eje, sin los recursos adecuados, la especialista advierte que va a resultar cada vez más difícil controlar la deforestación y apoyar a las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas. Además, Parellada subrayó los avances logrados desde la creación del fondo en 2018. “Este mecanismo fue crucial para garantizar la acumulación de recursos en un contexto de alta inflación como el de Argentina, permitiendo generar intereses y sostener proyectos tanto nacionales como provinciales.” 

En cuanto al principio de no regresión, un pilar clave del acuerdo de Escazú, Parellada fue enfática: "La eliminación del fondo violaría este principio, que establece que las políticas ambientales no deben retroceder en su protección". La especialista considera que con la derogación del fideicomiso no solo desmantela un mecanismo efectivo, sino que también compromete los logros alcanzados en la protección y restauración de los bosques nativos.

“Desde la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos en 2007, el país avanzó en la institucionalización de la gestión forestal, adoptando herramientas como el sistema de alerta temprana y la mejora en la fiscalización”, puntualizó la especialista. Sin embargo, advirtió que "sin la plena constitución del fondo, los avances serán insuficientes y la protección de los bosques seguirá debilitada, lo que incrementaría el riesgo de una mayor deforestación y pérdida de los beneficios ecosistémicos que estos bosques proveen.

Por otra parte, la ministra de Ambiente de Jujuy, María Inés Zigarán, advirtió que “el futuro de la conservación de los bosques depende de esta decisión” y que la provincia garantizaría la continuidad de los proyectos de conservación.

🌳 DEFORESTACIÓN | ODS 15

Ley de Bosques

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Conservación de Bosques Nativos establece que el fondo debe recibir el 0,3% del presupuesto nacional. Sin embargo, esta asignación nunca fue cumplida desde su sanción en 2007. Para 2018 se creó el Fondo Fiduciario que permitía que los recursos asignados no perdieran su valor anual.

En 2024 solo se asignó el 10% de lo que estipula la Ley y eso afectó la capacidad de las provincias para implementar planes de manejo y conservación. La reducción presupuestaria y la falta de planificación agravaron la situación ambiental, poniendo en peligro los ecosistemas y las comunidades locales.

Es importante mencionar que con el inicio de la nueva gestión, el Ministerio de Ambiente fue absorbido por el Ministerio del Interior, lo que debilitó su capacidad de acción e impacto en la protección de los ecosistemas nativos del país.

Informes de la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) encontró fallas persistentes en la aplicación de la Ley 26.331 de bosques nativos. Entre las principales problemáticas, se destacó la falta de actualización de los ordenamientos territoriales (OTBN) y del Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN), lo que dificulta la gestión de los ecosistemas forestales y la protección de áreas ecológicamente valiosas.

También, la AGN señaló la ausencia de indicadores claros para el seguimiento de las políticas de conservación. La falta de coordinación entre la autoridad nacional y las jurisdicciones provinciales también contribuyó a la degradación de zonas protegidas y la pérdida de servicios ambientales clave.