Desmonte en Chaco: la problemática ambiental detrás de la nueva ley forestal
A puertas cerradas y sin consulta popular, la Legislatura provincial actualizó la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Así gran cantidad de hectáreas cambiaron de categoría lo que habilitaría que se realicen en ellas tareas de desmonte.
La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco sancionó una actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, Ley 4005R. De esta manera, gran cantidad de hectáreas cambiaron de su clasificación, lo que habilitaría a que se realicen en ellas tareas de desmonte. No es la primera vez que la provincia tiene un problema de esta índole.
La nueva regulación amplía las áreas abiertas a las actividades de deforestación. Franjas de bosques previamente designadas como Zonas Rojas, donde se prohibía la tala, han sido reclasificadas, eliminando protecciones anteriores. Además, se aumentaron los límites a las tasas anuales de deforestación.
Con las modificaciones, algunas zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques, corredores de conservación de grandes mamíferos como el yaguareté, quedarían habilitadas para trabajos de desmonte. A lo largo de los años, la provincia ha tenido regulaciones que dictan qué tipos de tierras se pueden talar y cuánta superficie boscosa eliminar en diferentes regiones.
Las áreas más afectadas son el Impenetrable Chaqueño, el oeste provincial y zonas cercanas al Río Bermejo y Río Paraná.
Los partidarios de la reforma de la normativa argumentan que "los cambios logran un equilibrio entre las necesidades de conservación y desarrollo económico". Asimismo, se sostiene que "los nuevos mapas desvían las actividades de deforestación lejos de las áreas ambientalmente más sensibles".
Los críticos, en cambio, alegan que "se priorizaron los intereses madereros sobre la sostenibilidad". A medida que se limpian tierras para la agricultura y la ganadería, las ONG ambientalistas advierten que "se está eliminando una biodiversidad irreemplazable como jaguares, osos hormigueros y loros".
A raíz de las modificaciones, las organizaciones Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia denunciando la ilegalidad de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Chaco por carecer de consulta popular y por permitir el desmonte de más de 1.200.000 hectáreas, es decir, un área aproximadamente sesenta veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe recordar que Chaco junto a Santiago del Estero fueron las provincias que más desmontes ilegales presentaron según una comparación de imágenes satelitales proporcionada por la ONG ambientalista Greenpeace. En aquel entonces Chaco alcanzaba las 41.848 hectáreas deforestadas mientras que Santiago del Estero 30.828.
Las áreas más afectadas por el desmonte en la Provincia son el Impenetrable Chaqueño, el oeste provincial y zonas cercanas al Río Bermejo y Río Paraná. Según las organizaciones ambientalistas, se estima que en la última década se han perdido alrededor de 300.000 hectáreas de bosques nativos en Chaco debido a los desmontes ilegales. Los principales responsables son productores agrícolas y ganaderos que deforestan para ampliar sus campos de cultivos y pasturas.
La Defensoría del Pueblo de Chaco advirtió en su último informe ambiental que los desmontes ponen en peligro a numerosas comunidades originarias que habitan esas zonas boscosas.
Ley de Bosques y controles
La Auditoría General de la Nación (AGN) relevó la implementación de la Ley de Bosques en reiteradas oportunidades y en todas detectó que la normativa se incumplió. Para 2021, la AGN auditó la problemática por tercera vez y encontró la falta de reglamentación de las metas e indicadores para el seguimiento efectivo de la actualización del ordenamiento territorial. En el documento se hallaron 16 provincias con ordenamientos territoriales desactualizados, la mayoría con cinco años de antigüedad.
Esa auditoría informó debilidades en los procesos participativos entre los que se pueden destacar los conflictos con las comunidades de los pueblos originarios, los procesos inconclusos o incompletos de gestión, la falta de convocatoria y de análisis, así como la ausencia de mecanismos de difusión y registro documental que acrediten los procesos.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 1998 y 2018 se perdieron 6,5 millones de hectáreas de la superficie boscosa. Si bien desde 2007 nuestro país cuenta con la Ley 26.331 de Bosques Nativos que busca protegerlos, al año se siguen desmontando unas 200.000 hectáreas según aseguraron desde Greenpeace.
Sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos, la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) detectó que el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no verificó correctamente los territorios y reconoció áreas no correspondidas con la existencia de Bosques Nativos, o por el contrario, omitieron declarar dónde sí lo estaban.