El Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto para ratificar el Convenio 190
Es el que ya se aprobó en la OIT y hace referencia a la violencia que no solo afecta a los trabajadores de fiscalización, justicia y control, sino también al Estado y, en definitiva, a toda la ciudadanía. "Es un elemento muy útil", planteó Federico Recagno, secretario General de APOC.
El Convenio 190 fue firmado en junio de 2019 en la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra por los estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde entonces, se multiplican los pedidos para que Argentina sancione aquel acuerdo.
En el marco de la última apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández aseguró: "Enviaremos el proyecto de ley para la ratificación del Convenio N° 190. Es una expresión unánime de la comunidad internacional contra la violencia de género y el acoso en el mundo del trabajo".
¿Por qué es tan importante? Hace referencia a la mencionada problemática que no solo afecta a los trabajadores de fiscalización, justicia y control, sino también al Estado y, en definitiva, a toda la ciudadanía. Hace más de una década que la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) junto a la ISP, la Ulatoc y la Red ICJ, conformada por los gremios de Impuestos, Control y Judiciales trabajan para lograr esta protección.
"Es un elemento muy útil para los trabajadores. En general, hay una serie de protocolos en muchos ámbitos (APOC lo tiene con la Auditoría General de la Nación y con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires). Si se ratifica, va a permitir que todos los empleados tengan una herramienta más contra el acoso y la violencia", aseguró Federico Recagno, secretario General de APOC.
"Hay muchos que hoy no pueden, a través de convenios o negociaciones con los empleadores, tener el amparo", agregó.
Entre otras cuestiones, el acuerdo promueve la creación de un espacio propicio para el trabajo decente y el crecimiento sostenible. Asimismo, busca fortalecer a los órganos de supervisión encargados de garantizar condiciones justas para todos los empleados.