El Tribunal de Cuentas español lanzó una guía para controlar el Principio de Transparencia

El Tribunal de Cuentas de España lanzó una Guía de Fiscalización del Principio de Transparencia para que sea aplicada en los acuerdos de control a partir de este año. El documento llega luego de un relevamiento interno realizado por el organismo en el que detectó que muchas entidades auditadas no cumplen con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

El estudio, que se publicó a comienzos de enero, se basa en un relevamiento de 213 informes realizados entre 2016 y 2022. Así se detectó que en 59 de ellos las entidades analizadas cumplieron con la Ley de Transparencia, 82 informes reflejaron un incumplimiento de la Ley y 72 informes consideraron un cumplimiento parcial.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG) tiene como objetivo reforzar la transparencia de la actividad pública, como así también regular y garantizar el derecho al acceso a la información. Establece obligaciones de buen gobierno, entre las que se destaca la obligación por parte de entidades y funcionarios de “difundir información sin esperar una solicitud concreta”, incluyendo datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y naturaleza económica, presupuestaria y estadística.

En relación al cumplimiento, la guía procura “proporcionar herramientas para determinar qué aspectos de la Ley hay que fiscalizar y qué comprobaciones y pruebas hay que realizar”. En esa línea, las comprobaciones a realizar por parte del Tribunal de Cuentas serán sobre los conceptos de publicidad activa de la información de las entidades auditadas y el derecho al acceso.

¿Cómo se comprobarán los objetivos de transparencia?

Si el control es sobre el conjunto de actividades de una entidad, se verificará el cumplimiento de la transparencia mediante la aplicación de un programa de trabajo, con independencia del tipo de fiscalización (cumplimiento, financiera, operativa, de regularidad o integral).

En el caso de que la fiscalización sea sobre un aspecto concreto de un organismo, las comprobaciones de transparencia apuntarán a aquellos aspectos de la Ley relacionados con el objetivo del informe. En ningún caso, se realizará un análisis completo de la transparencia en el organismo auditado.

Los criterios a considerar para valorar el cumplimiento de la transparencia, por parte de los organismos auditados, son: contenidos, formas y actualización; claridad, estructuración y reutilización; accesibilidad y lugar de publicación.

Para la verificación, el Tribunal de Cuentas español diseñó un cuestionario. Su objetivo es obtener información sobre cómo se articula en cada organismo el cumplimiento del principio de transparencia: si se formaron áreas específicas, si se asignaron recursos humanos, si existe un manual de funcionamiento o protocolo de actuación, si se actualiza la información publicada y si hay registro, a modo de control interno, de las actuaciones realizadas.

¿Qué preguntas hará el Tribunal de Cuentas a los organismos?

El cuestionario, elaborado por el Tribunal de Cuentas de España para verificar que las entidades fiscalizadas cumplan con la Ley 19/2023 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, plantea lo siguiente:

• ¿Existe un portal de transparencia? 
• ¿Se publica información adicional a la que figura en la Ley de Transparencia de interés para la ciudadanía?
• ¿Cómo se articula el cumplimiento de las obligaciones de transparencia?
• ¿Existe normativa autonómica o local en el ámbito de la transparencia aplicable a la entidad?
• ¿Existe alguna aplicación informática de gestión y control de las obligaciones de transparencia?
• ¿Tiene servicios designados como Unidad de Información? ¿Se encuentran definidas sus funciones? 
• ¿Se han previsto medidas para el acceso a la información a personas con discapacidad?
• ¿El acceso a la información y documentación buscada es fácil, rápido y gratuito?
• ¿Se publica la información de una manera clara, estructurada y entendible?

Por último, también propone que adicionalmente cada organismo indique algunos datos que son considerados de alta demanda ciudadana:

• Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico
• Relaciones de puestos de trabajo
• Convenios y acuerdos sobre condiciones de trabajo
• Inventario de bienes muebles e inmuebles.
• Agenda institucional
• Memoria de actividades
• Plan Estratégico de la Entidad