En un año, la cantidad de personas con más de $ 200 millones aumentó un 214%

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que el universo de contribuyentes potencialmente alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, también llamado impuesto a la riqueza, creció un 214% en un año.

La oficina parlamentaria analizó proyecciones hechas por la AFIP y comprobó que, si la medida se tomaba el año pasado, es decir, en función de las declaraciones juradas del ejercicio 2018, el tributo hubiera sido aplicado sobre 2.960 personas humanas con patrimonios superiores a los $ 200 millones y con una base imponible de $ 1,7 billón. 

Sin embargo, tanto la cantidad de contribuyentes como la base imponible registran lo que la OPC consideró “un significativo aumento”, si se parte de estimaciones hechas sobre las declaraciones juradas del año pasado (ver Márgenes de error).

De esta manera, el universo de personas alcanzadas por el proyecto, que obtuvo dictamen de Diputados hace tres semanas, llegaría a las 9.298 personas, marcando un incremento del 214%, mientras que la base imponible ascendería a $ 8,8 billones, lo que equivale a un aumento del 403%.

Según el informe, “esta diferencia tiene dos grandes explicaciones”. Por un lado, aparecen “las variaciones de valor producto de la inflación, depreciación cambiaria y revaluaciones de activos” y, por el otro, se destaca la “incorporación” de aquellas tenencias que quedaron exceptuados de Bienes Personales, “como los títulos públicos y, fundamentalmente, la totalidad de los depósitos bancarios”.

Al margen, la Oficina hace notar que “el mayor crecimiento del último ejercicio, tanto en términos de contribuyentes afectados como de base imponible, se concentra en los dos tramos más altos de bienes”, con variaciones del 291% y el 745% respectivamente. 

Márgenes de error

En rigor, los datos de la AFIP que fueron tomados por la Oficina de Presupuesto del Congreso estiman una posible recaudación en concepto de Aporte Solidario de entre $ 272.490 millones y $ 307.989 millones (ver Cómo se repartirá), en función de un universo de contribuyentes que también oscila entre las 7.438 y las ya mencionadas 9.298 personas. 

“El margen de error en la estimación es producto de la menor cantidad de presentaciones de declaraciones juradas este año, fenómeno potencialmente explicado por la pandemia de COVID-19”, detalló la OPC que, asimismo, reconoció que “no se encuentra en condiciones de realizar una estimación propia” ya que solo dispone de datos correspondientes a 2018.

Más allá de esto, el informe mostró que “el pago promedio” del aporte, es decir, cuánto tendrá que tributar cada contribuyente alcanzado, “será de poco más de $ 33 millones”, en un abanico que va desde los $ 6,1 millones a los $ 608,1 millones, según el tramo de patrimonios. 

A su vez, “la alícuota promedio se estima en 3,5%, y muestra un incremento gradual desde 2,5 a 3,8%”, completa la investigación.

De personas y bienes

Con respecto al mencionado universo de aplicación, la OPC contó que el impuesto “recaerá sobre los bienes existentes -al 31 de diciembre de 2019- en el país y en el exterior, cuando el total de sus valuaciones (de acuerdo a la Ley 23.966) y sin deducción de mínimo no imponible alguno, sea igual o superior a $ 200 millones”. 

Las tenencias y activos comprendidos en esta definición van desde las previsiones de la Ley sobre los Bienes Personales hasta las exenciones de ese impuesto. 

En definitiva, esta lista incluye: “Bienes correspondientes a diplomáticos; cuotas sociales de las cooperativas; inmuebles rurales cualquiera sea su destino o afectación; bonos, títulos y valores emitidos por la Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios; los depósitos en moneda argentina y extranjera a plazo fijo, caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro o en otras formas de captación de fondos de acuerdo con lo que determine el Banco Central”, enumeró la Oficina parlamentaria.

A su vez, en caso de aplicarse, el aporte solidario alcanzará a “personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el país y aquellas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación”.

Y también quedan abarcados los bienes de los agentes diplomáticos y consulares, el personal de esas misiones y demás funcionarios públicos de la Nación y los que integran comisiones de las provincias, de la CABA y municipalidades que, en ejercicio de sus funciones, se encontraren en el exterior, así como sus familiares que los acompañen (que se encuentran explícitamente eximidos del Impuesto sobre los Bienes Personales).

Cómo se repartirá

Para completar, la OPC explicó que “el producido de lo recaudado”, es decir, aquellos potenciales $ 308 mil millones, “tendrá asignación específica, mencionándose la necesidad de ordenar al Poder Ejecutivo realizar una aplicación federal” de esos recursos. 

Dato al margen: los técnicos marcaron que en la iniciativa “no se explicita qué criterio de federalismo debe primar”. 

No obstante, en cuanto a la distribución de los fondos en cuestión, el proyecto establece que un 20% vaya a la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, remedios, vacunas “y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria”. 

Otro tanto se destinará a pequeñas y medianas empresas, para sostener los sueldos del personal. Y el mismo porcentaje irá al programa integral de Becas Progresar. 

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A su vez, un 15% de lo recaudado está pensado para los habitantes de los barrios populares identificados en el RENABAP, con el objetivo de fortalecer el proceso de integración urbana, enfocado en la salud y mejora de las condiciones habitacionales.

Mientras que el 25% restante se dirigirá a programas de explotación, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina.