Guatemala: duro golpe a las políticas anticorrupción

Guatemala es una vez más escenario de movilizaciones masivas contra el gobierno por presuntos casos de corrupción. La destitución, y el posterior abandono del país, del fiscal Juan Francisco Sandoval reavivó las protestas por parte de la sociedad civil para exigir mayor transparencia y solidez institucional, además de la condena a funcionarios y grupos de poder que actúan contra los intereses del país. Según publicó la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH), el fiscal tuvo que abandonar su país "para resguardar su vida e integridad".

Durante 15 años, Sandoval llevó adelante distintos procesos como fiscal especial contra la impunidad que tuvieron una fuerte incidencia en el poder político y en los entornos presidenciales, como las desarrolladas en tiempos del presidente Otto Fernández Pérez Molina por delitos de cohecho y defraudación aduanera que provocaron su renuncia en 2015, o las vinculadas a la gestión de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012). Las investigaciones que actualmente estaba realizando en su país apuntan al entorno del actual mandatario Alejandro Giammattei y a su gobierno al que califica de "dictadura".

El abogado Manuel Garrido, exdiputado de la Nación y actual presidente de Innocence Project Argentina, fue jefe de Investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante 2011. La CICIG fue un organismo internacional independiente establecido por un Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala en 2007, en respuesta a demandas de sociedad civil y la solicitud de asistencia que hizo el gobierno de ese país.

El objetivo de la comisión era apoyar y fortalecer las instituciones estatales encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por grupos criminales y corruptos infiltrados las instituciones estatales. En 2018, el entonces presidente Jimmy Morales fue investigado y decidió el cierre de la CICIG en Guatemala. "Fue uno de los primeros grandes retrocesos y de cómo todo se fue desarmando. Hoy queda en evidencia esta línea de desaparecer toda entidad independiente que luche contra estos grupos con el exilio obligado de un fiscal amenazado de muerte", señaló Garrido. 

"Un Estado donde operan grupos criminales"

Sandoval estaba a cargo de una fiscalía especializada que se creó por impulso de la CICIG. "Guatemala es, como otros países del Caribe y Centroamérica, un Estado donde operan grupos criminales que quedaron de la época de la dictadura", explicó el exdiputado. La CICIG fue un organismo creado para combatir esa impunidad. "Se trabajó mucho y hubo avances. El fin principal era fortalecer las propias instituciones para que haya mayor transparencia. Pero a medida que fueron investigando a los presidentes de turno y su entorno, empezó a ver una retracción que es lo que vemos hoy", agregó. 

Garrido explicó que en Guatemala "la corrupción es muy alta" y que allí "se cometen delitos de lesa humanidad".

Estructuras criminales dentro del propio Estado y vinculadas a organizaciones narcotraficantes. "La corrupción es muy alta, pero no son los mismos delitos que se conocen en nuestro país y que pueden estar más vinculados a enriquecimiento ilícito o sobornos. En Guatemala cometen delitos de lesa humanidad. El propio Giammattei estuvo involucrado en la masacre de presos en el penal de Pavón en 2006 y por la que estuvo preso. Hay políticas de delincuencia con ejecuciones extrajudiciales", comentó Garrido.

Un conflicto que transciende las fronteras

El retraimiento de las instituciones que promueven mayor transparencia y combatir acciones delictivas desde el Estado, ante la resistencia de grupos gubernamentales o de gran poder económico, trasciende las fronteras de Guatemala y se extiende al muchos otros países del Caribe y Centroamérica.

Honduras, El Salvador, Nicaragua y muchos otros comparten con Guatemala la presencia de estructuras contaminadas por organizaciones delictivas. Esto no solo provoca reacciones de parte de la sociedad civil, que también padece las consecuencias del empobrecimiento y la falta de justicia, sino una preocupación para la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, que termina siendo un país receptor de miles de migrantes.

"Hay un nudo difícil de resolver. Organizaciones como la CICIG estaban para investigar esos aparatos de poder o corrupción y fortalecer las instituciones. Si eso se destruye, la sociedad civil vuelve a presionar como está sucediendo ahora. Y también la comunidad internacional. Hay manifestaciones de la ONU, de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Es un tema que preocupa mucho", sostuvo Garrido.

Tras la destitución del fiscal Sandoval, Estados Unidos decidió congelar su cooperación con Guatemala por "perder la confianza en el país". La labor de Sandoval había sido elogiada en reiteradas ocasiones y desde el gobierno estadounidense indicaron que no respaldarán la asunción de su sucesora ni la de la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras. La suspensión de las partidas de dinero es una condena fuerte. En junio, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, había visitado el país para estrechar relaciones y reiterar el compromiso del partido demócrata de combatir la corrupción e impunidad en los países americanos. 

"Habrá que ver cómo continúa todo esto. Lógicamente no tiene sentido aportarle dinero a un gobierno acusado de impunidad y corrupción. Seguramente se tomen nuevas medidas, se intenten recuperar viejas experiencias que sirvieron. Es un tema que preocupa mucho y que afecta a muchos países, tanto los que tienen estas estructuras delictivas, como los que después afrontan las consecuencias de la migración como EE.UU. y tantos otros", concluyó Garrido.