Tras un informe publicado por la Auditoría General de la Nación (AGN), la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) prorrogó por 20 días hábiles los vencimientos de 16 expedientes de reclamo hasta que se avance en la evaluación y en la auditoría que se le solicitó a la Sindicatura General de la Nación, según explicaron desde el ente.

La directora de la AAIP fue denunciada por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

“Prorróguese con carácter excepcional, por el término de 20 días hábiles, el curso de los plazos de los procedimientos administrativos cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022”, reza la nueva medida. Ante la Resolución 1/2022, que fue publicada en el apartado de normativa de la página web de la AAIP, la Fundación Apolo denunció a la nueva directora del ente encargado de garantizar la Ley 27.275, Beatriz de Anchorena, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad ante la Justicia Federal. La presentación recayó en el Juzgado Federal 7.

Sobre la denuncia, desde la Agencia respondieron que en la actualidad se dio respuesta al total de los trámites administrativos. Asimismo hicieron hincapié en la acefalía de la AAIP durante 14 meses, entre la renuncia del anterior titular de la agencia y la designación de la actual directora, Beatriz de Anchorena, el 10 de marzo.

A raíz del informe de la AGN, la Agencia realizó un análisis para tomar conocimiento de las actuaciones y el detalle de los procesos en curso, según aseguraron, con el propósito de mejorar los criterios orientadores de trabajo y de esta manera facilitar y amplificar el acceso a la información pública e implementar medidas que garanticen el correcto funcionamiento del organismo.

En la misma línea, la directora de la Agencia, solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que lleve adelante una auditoría de corte al 10 de marzo del año 2022, según consta en un comunicado del organismo.

Informe 

En el informe aprobado por la AGN, se observó que  el organismo “no desarrolló ni implementó herramientas que tiendan a garantizar de forma efectiva el acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales previstos en las Leyes 25.326, 26.951 y 27.275”, entre otras falencias.