La gestión de residuos electrónicos y el empleo
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Organización Internacional del Trabajo comenzaron a dictar una formación virtual sobre el tratamiento especial que se les deben dar a estos residuos y la posibilidad de la generación de puestos laborales.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comenzó a dictar el curso “Gestión integral de RAEE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una fuente de trabajo decente para avanzar hacia la economía circular”. La iniciativa se lleva a cabo en conjunto con la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y busca mejorar los conocimientos sobre los desafíos y las oportunidades que presenta la temática.
“Se da en el marco de un proyecto que se está llevando a cabo desde el 2019 que tiene que ver con los residuos eléctricos y electrónicos (RAEE), y el empleo en nuestro país. La finalidad es conocer la problemática de la generación y gestión de los mismos, y la cadena de valor que produce en nuestro país”, explicó Andrea Burucua, integrante de la OIT Argentina.
El curso virtual se enmarca en la implementación del proyecto “De los residuos electrónicos a la creación de empleo: movilización del mundo del trabajo para manejar mejor los desechos eléctricos y electrónicos en América Latina”, que ejecuta la oficina local de la OIT. A su vez, forma parte del programa “Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la cooperación regional para la gestión ambientalmente racional de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de países latinoamericanos” (PREAL), de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, y es ejecutado a nivel regional por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
“En vinculación con el Ministerio de Ambiente, elaboramos un informe de aquellas empresas privadas, cooperativas y ONG que gestionan residuos electrónicos en Argentina. El año pasado realizamos un manual y estamos produciendo también materiales de concientización, infografías y videos. La capacitación se da en esta última parte del proyecto, que tiene que ver con poder formar y provocar espacios en donde se genere conocimiento e intercambien experiencias”, relató Burucua, quien es abogada, especialista en derecho ambiental.
La actividad se desarrollará de modo íntegramente virtual, durante seis semanas, a través del campus digital de la cartera de Ambiente nacional. “La inscripción fue un éxito absoluto, con más de 830 inscriptos de todo el país: hay funcionarios de ministerios de todas las provincias y de municipios. Estos últimos eran uno de los objetivos que queríamos convocar. También hay integrantes de facultades, empresas gestoras, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas. Un público muy amplio en cuanto a la distribución geográfica y actividades que desarrollan. Va a ser muy interesante porque, si bien es a distancia y online, va a haber foros de encuentro de debate e intercambio de experiencias para vincular a los distintos participantes y que cuenten lo que está sucediendo en las áreas en donde desarrollan sus actividades”, sostuvo la abogada.
Se inscribieron casi 830 personas, entre funcionarios, empresas gestoras, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas.
La capacitación abordará diversos temas relacionados con la normativa, la gestión de los residuos, el trabajo que implica dicho proceso, y la seguridad y salud laboral. El lunes comenzó una primera etapa en donde los inscriptos comenzaron a familiarizarse con la plataforma, y los los materiales de lectura: el informe y el manual producidos por la OIT y más bibliografía complementaria de universidades que se encuentran desarrollando el tema. “Además, hay muchos videos de experiencias de gestores que nos enviaron recorriendo sus plantas de tratamiento contando sus experiencias”, agregó la especialista.
Si bien la inscripción estaba dirigida al público general, desde la organización detallaron que especialmente esperaban apuntar al mundo del trabajo, pensando en cómo se vincula la gestión de estos residuos con el cambio de paradigma a una economía circular, para consumir menos y recuperar materiales para ser reinsertados en la industria, de manera que ciertos componentes de valor se mantengan más tiempo en el circuito.
Es que, estos residuos se componen o se fabrican a partir de muchos materiales no renovables: metales ferrosos, no ferrosos y plásticos, entre otros, que no deben ser desechados y que pueden ser recuperados porque, además de que son potencialmente contaminantes, tienen un valor económico dado que implican impactos ambientales muy importantes al momento de su extracción.
“Desecharlos es enterrar dinero, es algo que costó mucho extraer. A su vez, vemos realmente la recuperación de este tipo de recursos como una posibilidad cierta de generación de empleo. El tratamiento es manual, es mano de obra intensiva. Puede ser una oportunidad para crear nuevos puestos, formar asociaciones de trabajadores, formalizar el tratamiento informal”, desarrolló la especialista.
Es que, según el informe de la OIT, en Argentina sólo se recupera entre 3 % y 4 % de los RAEE que se desechan anualmente. Estas tareas las realizan un grupo pequeño de empresas privadas e iniciativas de la economía social y solidaria (ESS) que, en conjunto, generan aproximadamente 200 puestos de trabajo registrados. El panorama también da cuenta de una cantidad pequeña de integrantes de cooperativas de recicladores que recuperan ocasionalmente este tipo de artefactos y de, al menos, 2000 trabajadores informales que realizan tareas de recolección, clasificación, desensamblado y recuperación de materiales en condiciones de gran precariedad.
En el sector privado las condiciones laborales suelen estar en el marco de las exigencias de la ley y cuentan con contratos, estabilidad, salarios en torno de la media nacional, cobertura de salud, protección social, sindicalización y negociación colectiva, entre otros puntos. Por otra parte, los trabajadores de la ESS suelen contar con la protección social que les ofrece el régimen del monotributo, pero aun así necesitan mejorar sus condiciones laborales y de ingresos, y los informales se encuentran en condición de extrema vulnerabilidad.
Según OIT, la gestión de RAEE la realizan al menos 2000 trabajadores informales.
En este sentido, Burucua remarcó que los RAEE “son una problemática que trae consigo una oportunidad que no se debe dejar pasar y puede ser aprovechada”. La especialista puntualizó que la formación tiene dos clases sobre cuestiones laborales que abordan los ejes sobre la transición justa, el empleo verde, el tipo de puestos se pueden generar, las posibilidades de organización de estos trabajadores, la formalización, la salubridad e higiene.
Por último, la integrante de OIT comentó que el curso también tocará la cuestión de las regulaciones aplicables y la necesidad normativa porque nuestro país no tiene una ley específica que regule la gestión de RAEE. “Entendemos que una ley que los regule específicamente va a permitir desarrollar el sector y va a permitir unificar conceptos, definiciones y al introducir el principio de responsabilidad extendida del productor”.