El pasado mes de febrero la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre la gestión de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas (DNAyB) de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca -ex Secretaría de Gobierno de Agroindustria-, entre enero de 2017 y marzo de 2019. Entre otros puntos, se halló falta de recurso humano y disminución presupuestaria en programas claves. 

La DNAyB incentiva a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), tanto industriales como vinculadas al sector primario, que generan alimentos frescos y transformados. “En 2017, el universo de empresas activas elaboradoras de productos alimenticios y bebidas alcanzaba a 14.645, de las cuales el 2,94 % se clasificaban como grandes; 7,09 %, medianas; 29,64 %, como pequeñas y el 60,33%, como micro”, explicó AGN.

El análisis del organismo de control se centró en la gestión ambiental de la DNAyB, en la promoción de la calidad, agregación de valor, diversificación y sustentabilidad ambiental en la producción para el mercado interno y la exportación, atendiendo a los aspectos de eficacia y equidad. 

Durante el año analizado por la Auditoría, hubo modificaciones en el marco legal e institucional del organismo que influyeron significativamente sobre la gestión del área de Alimentos y Bebidas, lo que implicó limitaciones severas al alcance, continuidad y regularidad de las actividades orientadas a la población objetivo, así como una reducción en la capacidad de influir en la toma de decisiones, particularmente, en las asignaciones presupuestarias y de recursos humanos. Como consecuencia, se vio afectada la eficacia y la equidad de la gestión.

Además, según el documento de AGN, el Programa 44 Políticas para incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales, dentro del que se desenvolvió el área de Alimentos y Bebidas, "presentó descensos significativos de asignación que afectaron el alcance de las acciones y actividades respecto de los objetivos y metas”.

Dicho plan buscaba fomentar el agregado de valor en cada uno de los eslabones productivos e incluía las acciones y actividades de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas hasta 2018, y de la DNAyB a partir de entonces. El monto presupuestado registró un descenso del 43,55 % de 2017 a 2018, y del 56,40 % de 2018 a 2019. De manera que en ese último año presentaba una reducción del 75,39 % respecto de 2017. A valores constantes, la disminución respecto de 2017 fue del 89,06%.

El monto presupuestado para el Programa 44 del área de Alimentos y Bebidas registró una reducción del 75,39% entre 2017 y 2019.

“Por otra parte, a lo largo del período se observa sub-ejecución de los créditos vigentes en cada momento: a diciembre de 2017 se había devengado un 78,7 % del crédito, mientras que en 2018 el porcentaje fue algo menor (78,3 %); al finalizar el primer trimestre de 2019, el devengado constituía el 16,1 % del crédito vigente a esa fecha”, explicó AGN.

Otro hallazgo fue la disminución de los agentes de la DNAyB durante el período auditado que impactó negativamente en la gestión del organismo. La dirección contaba a comienzos de 2017 con 109 trabajadores y a fines del período auditado, el 31 de marzo de 2019, la planta se había reducido a 90 personas. Por otra parte, de ese total, eran 17 personas las asignadas a labores vinculadas directamente con el objeto de la auditoría de AGN.

"Sumar valor", un programa con su presupuesto en caída

Certificaciones de calidad 

Particularmente, el trabajo relevó el programa Sumar Valor, cuyo objetivo era potenciar las oportunidades de micro-empresas y pymes para agregar valor mediante el otorgamiento de certificaciones de calidad de origen. Empezó en el año 2016, ofreciendo nuevas alternativas productivas y comerciales, incentivando mejoras competitivas.

De los 65 proyectos presentados por pymes y micropymes para obtener certificaciones, sólo pudieron atenderse 30.

Existen tres tipos de certificaciones oficiales. Primero están los sellos “Alimentos Argentinos, Una Elección Natural”, que distinguen a los alimentos elaborados en el país que cumplen con protocolos de calidad específicos. Por otro lado está el de “Indicación Geográfica y Denominación de Origen”, que se creó por ley para proteger y promover a aquellos que presentan características o cualidades diferenciales debido a su origen geográfico. Otros sellos son los de “Productos Orgánicos”, para alimentos obtenidos a partir de un sistema agropecuario, respetando el ambiente y preservando los recursos naturales. 

Para el momento de la auditoría, el programa asistió a las empresas beneficiarias por un monto que rondó los $140.000 y los $200.000 para financiar gastos de asistencia técnica, pequeñas obras de infraestructura, elaboración de planes de negocios, entre otras cosas.

Respecto a este programa, la AGN observó que, en la primera edición (2017-2018), existió una reducción presupuestaria significativa, dado que de los $10.000.000 asignados, el monto descendió a poco más de $6.000.000. Además, de los 65 proyectos presentados por pymes y micropymes, sólo pudieron ser atendidos 30.

La Auditoría también sostuvo que hubo demoras en la tramitación de esas prestaciones, ya que todos los expedientes se iniciaron en 2017 y la efectivización comenzó el en enero del 2018 para la primera beneficiaria y en marzo del 2019 para la última. El organismo de control concluyó que esto fue un incumplimiento significativo de las metas.