La Oficina Anticorrupción (OA) presentó el informe de la Estrategia Nacional de Integridad (ENI), un plan de 82 iniciativas cuyo objetivo es avanzar hacia una planificación coordinada y estratégica de las políticas de integridad y transparencia en la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y en empresas con participación estatal.

La estrategia surgió como resultado del trabajo entre 12 ministerios, la Jefatura de Gabinete de Ministros, 23 organismos públicos y nueve empresas con participación estatal, que derivó en la elaboración planificada de un conjunto de iniciativas estratégicas y transformadoras.

Las acciones están diseñadas a partir de una serie de criterios que permiten dar cuenta de su integralidad, impacto social, marco institucional y marco internacional.

El Plan Nacional Anticorrupción

Antes de la ENI, en 2019 se creó el Plan Nacional Anticorrupción (PNA). La Oficina Anticorrupción junto a la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional a lo largo de 2020 revisaron el Plan, evaluaron las iniciativas que tenía y las organizaron jerarquizando aquellas que eran propicias para la nueva estrategia.

En el informe se especifica que de las 260 propuestas que tenía el PNA, 29 se habían cumplido y, de las restantes, solo el 14% “poseía un carácter estratégico e integral”, aclara el documento.

Las propuestas reflejan un diagnóstico sobre la corrupción y un abordaje acorde para el diseño de las herramientas más pertinentes para prevenirla.

Con las iniciativas ya jerarquizadas durante 2020 se llevaron a cabo 140 reuniones con 45 organismos del estado para poder delinear las 82 propuestas finales que parten de “algunas premisas básicas que reflejan un diagnóstico sobre la corrupción y un abordaje acorde para el diseño de las herramientas más pertinentes para prevenirla”, explica la OA. 

De los lineamientos del plan, el que cuenta con más propuestas (43) es el denominado “Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades estatales” dentro del cual hay actividades como la creación de programas de integridad y transparencia, mapas de riesgo, capacitaciones y actualizaciones de las normativas vigentes. 

En el apartado de “Desarrollo de políticas públicas de transparencia e integridad” se especifican actividades como la implementación de mecanismos para mejorar la transparencia de los procesos de compras, fortalecimiento de los sistemas de gestión de los conflictos de intereses, la apertura de canales para consultas y denuncias, la elaboración de códigos de ética en la Administración Pública Nacional y la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género en las políticas de transparencia. 

Información más detallada

Para facilitar el seguimiento y monitoreo de cada elemento de la ENI, se solicitó que cada acción provea indicadores que den cuenta del grado de avance en la ejecución. De este modo, “la estrategia ganó en capacidad descriptiva: no se cuenta solo con iniciativas, sino con iniciativas con información detallada, actividades para la implementación e indicadores para facilitar el seguimiento de la ejecución de las metas propuestas” explica el documento y agrega que ya cuentan con 1016 indicadores de seguimiento.

Para la Oficina Anticorrupción, la ENI se trata de “un ejercicio de planificación dinámico y flexible” porque permite que los organismos brinden información sobre la marcha de la implementación de las acciones comprometidas y además puedan incorporar nuevas iniciativas a lo largo del tiempo. 

“Es de esperar que el trabajo en la implementación de políticas de integridad demande la apertura de nuevas líneas de trabajo”, aseguró el organismo y concluyó que los ciclos de políticas públicas “no se agotan en sí mismos, sino que generan procesos de retroalimentación que permitirá que algunas políticas se continúen”.