La Government Accountability Office (GAO), el equivalente estadounidense de la Auditoría General de la Nación, presentó el sexto informe bimestral sobre la "Ley de ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus". Esta normativa fue propuesta por el gobierno federal y a través de ella asignó U$S 3,1 billones en asistencia de emergencia para personas, empresas, el sistema de atención médica y los gobiernos estatales y locales.

Este es el sexto informe que le entrega la GAO al Congreso y en esta oportunidad efectuaron 28 nuevas recomendaciones en torno a la ley. En los cinco documentos anteriores, la institución fiscalizadora superior había realizado 44 observaciones, de las cuales sólo se implementaron seis.  

La norma, conocida como CARES, incluye una disposición para que la GAO informe sobre los esfuerzos del Ejecutivo para paliar la crisis producida por el coronavirus. Los documentos presentados examinan, entre otras cuestiones, las medidas que el gobierno federal tomó para aumentar la disponibilidad de dosis de vacunas COVID-19 y los desafíos con la implementación inicial, es decir, para priorizar, asignar, distribuir y administrarlas.

Para esto la GAO revisó documentos de los departamentos de Servicios Humanos, Defensa y Salud y transcripciones de sesiones informativas públicas, datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y entrevistó o recibió respuestas escritas de funcionarios federales, representantes de empresas de vacunas y partes interesadas selectas en salud pública. 

La GAO realizó 28 nuevas recomendaciones en torno a la ley de ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus.

Según el organismo, debido a la ley CARES, el gobierno federal tomó "varias medidas" para aumentar la disponibilidad de dosis de vacunas COVID-19 y espera tener suficientes disponibles para todos los adultos en los Estados Unidos para finales de mayo. 

Concretamente, para principios de abril el poder ejecutivo compró 1.200 millones de dosis, tanto de las que se aplican en una como en dos tandas. “Además, las empresas de vacunas informaron que operaron otros sitios de fabricación, entre otras acciones para ampliar la capacidad y mitigar los desafíos”, aseguró el informe.

No obstante, funcionarios federales dijeron que proyectar la disponibilidad futura de vacunas puede ser difícil, en parte debido a la incertidumbre que rodea los complejos procesos de fabricación. Por eso, consideraron vital manejar las expectativas públicas. La GAO, en otros trabajos, encontró que la comunicación oportuna, clara y consistente sobre la disponibilidad de vacunas es esencial para garantizar la confianza del público.

Según el organismo, “el gobierno federal mejoró la implementación con la creación de nuevos sitios de vacunación”, con el propósito de aumentar la eficacia estratégica. Además, especificó que para cumplir con las expectativas de los anuncios realizados, como la elegibilidad de vacunas para todos los adultos y la introducción de herramientas para ayudar a las personas a encontrarlas, "será imperativo que el gobierno coordine y comunique eficazmente sus planes”. 

La institución fiscalizadora realizó una serie de entrevistas con “partes interesadas”, en las cuales identificaron desafíos con la implementación inicial de la inmunización contra el COVID-19. Entre ellos, resolver la cuestión de que los Estados a menudo no tienen información crítica para la distribución a nivel local, como cuántas dosis recibirían y cuándo. 

El informe concluyó en que “proporcionar al público vacunas seguras y eficaces para prevenir el COVID-19 es crucial para mitigar la salud pública y los impactos económicos de la enfermedad”. Para marzo de este año, Estados Unidos alcanzó los 30 millones de casos reportados y más de 545.000 muertes. Mientras que al día 27 del mismo mes había distribuido alrededor de 180,6 millones de dosis de vacunas, y se habían administrado cerca de 147,8 millones, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).