Ley de transparencia de fondos asignados a Organizaciones Sociales se titula el proyecto de ley presentado por Álvaro de Lamadrid y otros diputados para que la Auditoría General de la Nación (AGN) verifique los fondos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil en marco de la ayuda estatal durante la pandemia del Covid-19. 

El texto presentado argumenta que organizaciones y asociaciones sociales "cuentan con presupuestos millonarios, manejados por muy pocos" y que esos fondos "están fuera del control y rendición de cuentas de los organismos de contralor".

En su primer artículo, el proyecto cita a la Constitución Nacional, que en su artículo 85 detalla que “las Asociaciones Sociales, Organizaciones de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas, destinadas a inscribir entidades representativas de los trabajadores de la economía popular, Empresas Recuperadas o Autogestionadas y aquellas organizaciones sin fines de lucro reconocidas en el ámbito provincial o nacional que se dediquen a la implementación y gestión de políticas públicas en materia social, comprendidas en la resolución 32 del año 2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y, o, como cualquier otra organización similar previstas en leyes especiales, estarán sujetas al control permanente, administrativo, contable y de gestión, de la Auditoría General de la Nación”. 

El proyecto, que fue presentado en la Cámara baja, además plantea algunos lineamientos para el funcionamiento de dichas organizaciones. Propone que no pueden ser miembros de los cuerpos directivos quienes perciban sueldos o viáticos del Estado Nacional, ni quienes estén procesados por delitos de corrupción. También establece, por ejemplo, que las contrataciones que realicen deben efectuarse por licitación pública o proceso privado de precios, con intervención y registro del Ministerio de Desarrollo Social. 

En paralelo, el autor de la propuesta estimó que el gasto social total en Argentina es de cerca de U$S 1.500 millones anuales. “Buscamos poner orden a los subsidios sin control y establecer pautas para acceder a estos problemas que deben ser controlados por la AGN”, declaró de Lamadrid. 

“Bienvenido todo control siempre y cuando no paralice el funcionamiento de las organizaciones sociales”, aseguró el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, en diálogo con otro medio.

La Auditoría General de la Nación cuenta con numerosos informes en los que se evalúan las transferencias a municipios y provincias. Puntualmente, en lo que respectan a organizaciones sociales el más relevante es el relevamiento que realizó del Programa Sueños Compartidos. No obstante, desde la AGN confirmaron que no cuentan con trabajos que evalúen específicamente la ayuda a organizaciones. 

Es importante recordar que este año el máximo organismo de control nacional auditará las compras y contrataciones efectuadas durante la emergencia sanitaria. También se controlarán el IFE y el ATP, además de los programas de reparación de desastres y alertas tempranas y el cumplimiento de los contratos de las vacunas.