Más de 150 organizaciones de la sociedad civil, tanto del país como de Latinoamérica, se unieron para demandar mejoras en la gobernanza ambiental y social del Banco de Desarrollo de China. Exigen, entre otras cuestiones, mayor acceso a la información sobre las iniciativas que lleva a cabo en el continente, la implementación de controles y que sean públicas las políticas vinculadas a lo ambiental. 

Desde hace poco más de 20 años, China mantiene una relación estrecha con varios países de América Latina y el Caribe (ALC). El Banco de Desarrollo de ese país (BDC) se transformó en uno de los más importantes financistas de los gobiernos de la región hasta llegar el año pasado a la cifra de “U$$ 111,3 mil millones” en préstamos a países latinoamericanos, según un informe presentado por las OSC. Argentina es la tercera nación de la región con mayor financiamiento para proyectos vinculados a actividades mineras y de infraestructura. 

Desde las organizaciones señalan que el BDC es un instrumento clave para la expansión de China en el mundo. 

Desde las organizaciones expresan que el BDC se ha convertido en uno de los más grandes del mundo y un instrumento clave para que China pueda expandir su potencial en el mundo. Lo que denuncian es que en esa expansión, los países que reciben los créditos no contemplan "cómo afectan esas iniciativas a ecosistemas únicos y comunidades locales, como en el caso de proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos, agropecuarios y de infraestructura de gran escala".

Fallas en la evaluación

Un informe realizado por la organización Latinoamérica Sustentable (LAS), con aportes de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que los  instrumentos de evaluación ambiental y social del Banco de Desarrollo de China están desactualizados y atrasados respecto a otras instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Es la primera investigación sobre este banco que se publica en la región"

“Es la primera investigación sobre este banco que se publica en la región. Es importante que las organizaciones sociales empecemos a indagar y conocer mejor estos acuerdos”, indicó durante la presentación del documento Paulina Garzón, directora ejecutiva de LAS.

Si bien es difícil definir cuántos proyectos financia en el país, debido a que no hay información pública, el BDC es la tercera fuente crediticia para el desarrollo de infraestructura después del Banco Mundial y el BID. Los créditos alcanzan los “U$S 7.050 millones vigentes al 2021 con el gobierno argentino”, indicó María Marta Di Paola, directora de Investigación de FARN.

“Sin dudas las represas en el río Santa Cruz son el principal proyecto de este banco en nuestro país, con una inversión mayor a U$S 4,7 mil millones con una generación energética estimada de 1.300 MW”, sostuvo Di Paola que apuntó a los daños ambientales que generan estos proyectos y la falta de información proporcionada. 

Las recomendaciones de las OSC

Las más de 150 organizaciones que participaron de la declaración recomiendan al BDC establecer salvaguardas ambientales y sociales obligatorias; un mecanismo dedicado a atender las preocupaciones de comunidades afectadas por los proyectos; y provisiones ambientales, sociales, de transparencia y anticorrupción en los contratos de préstamo. Además, insta al BDC a no financiar proyectos en áreas ecológicamente vulnerables o proyectos que no cuenten con el consentimiento libre, informado y previo de los pueblos indígenas.

“El BDC no cuenta con políticas o salvaguardas ambientales y sociales que sean públicas y mandatorias. Tampoco con un departamento o equipo dedicado a evaluar y manejar los riesgos socioambientales, y típicamente no responde a los pedidos de las OSC de ALC que han buscando comunicarse con el banco para informar y remediar los impactos negativos de sus préstamos”, se indica en uno de los puntos de la carta abierta.

Además se reclama que el banco dé cuenta de cuáles son los préstamos soberanos o corporativos que realiza, la necesidad de que se cumplan y respeten las leyes de cada país vinculadas a protección ambiental y de las comunidades locales, desarrollar estrategias de alivio de la deuda específicamente diseñada para apoyar a los países de ALC, abstenerse de financiar proyectos en o que afecten áreas ecológicamente importantes.

Organizaciones argentinas

El Banco de Bosques; Círculo de Políticas Ambientales; Comunidades Eclesiales de Base de Catamarca; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista; Fundación Humedales Wetlands International LAC. (WI LAC); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Maloka "Teko Porã Renda"; y Movimiento Once de Mayo-Moreno (11M), son las organizaciones argentinas que adhirieron a la carta abierta.