Los países de la región se vieron obligados a movilizar rápidamente recursos masivos para combatir el virus y mitigar sus consecuencias económicas. En este entorno de gasto de emergencia, pocos controles y trabajo remoto, “el riesgo de corrupción y mala administración de fondos aumentó”.

Es por eso que la ONG Sociedad de las Américas junto con el Consejo de las Américas elaboraron el Índice sobre la Capacidad para Combatir la Corrupción de América Latina en medio del Covid-19.

El relevamiento se realizó en 15 países latinoamericanos y los clasificó según su eficacia para combatir la corrupción en función de tres categorías: capacidad jurídica; democracia e instituciones políticas; y sociedad civil, medios de comunicación y sector privado. Los que obtuvieron la puntuación más elevada son los más capacitados para transparentar sus recursos. 

El país con la calificación más alta es Uruguay (7.78 de 10). Le siguen Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52). 

Según el estudio, las razones del de éxito de Uruguay tienen que ver con los “fuertes mecanismos de aplicación en todo el sector público; instituciones democráticas bien establecidas y una sociedad civil activa”. Además, “el tamaño del país y el mayor nivel de desarrollo representan ventajas en comparación con sus pares”.

Si bien nuestro país se encuentra bastante bien ubicado en el ranking, en el puesto 6 de 15, el Índice considera que “los decretos de emergencia introducidos por los gobiernos nacionales y provinciales debido a Covid-19 suspendieron algunos controles de gobernanza”, lo cual puede “obstaculizar la capacidad de Argentina para identificar y combatir la corrupción en el próximo año”.

Por su parte en Venezuela, situado en el último lugar, “la pandemia, la presión estadounidense y los episodios de rebelión mantendrán la volatilidad política alta y probablemente conducirán a un mayor fracaso estatal”, sostienen los investigadores.