Al asumir la presidencia del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara adelantó que su gestión se iba a enfocar en mejorar la calidad de la gestión pública a partir del uso de nuevas tecnologías para modernizar los procedimientos de trabajo. 

A menos de un mes de aquellas declaraciones, el Tribunal de Cuentas entrerriano comenzará a utilizar expedientes, documentos, firmas, comunicaciones y domicilios electrónicos constituidos en los procesos administrativos que se tramiten. Para llevar adelante estos cambios se creó una Comisión de Trabajo que realizará el estudio, redacción y sistematización de la Ley Nº 10.550; que justamente autoriza la utilización de herramientas digitales. 

Para el presidente del organismo de control, la meta es "mejorar los procesos, hacerlos más transparentes, más ágiles para que lleguen en tiempo oportuno y optimizar la prestación de los servicios al ciudadano con la incorporación de tecnología para simplificar el funcionamiento del organismo”. 

Los beneficios de la iniciativa también son concretos: el uso de notificaciones electrónicas tiene impacto económico, porque reduce los costos, y también temporal porque acorta los procesos administrativos.