Bajo el mismo nombre con el que la CONADEP presentó el documento que recopiló las denuncias por crímenes de lesa humanidad durante las última dictadura militar, referentes de la oposición presentaron un paquete de proyectos de ley denominado Nunca Más a la Corrupción. Los primeros candidatos a diputados nacionales del Frente Progresista Cívico y Social bonaerense, Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, encabezaron la iniciativa y se comprometieron a impulsar una comisión bicameral de Investigación de Hechos de Corrupción" en el seno del Congreso de la Nación.

Los diputados nacionales, que buscan renovar sus bancas el próximo domingo, prometen promover once iniciativas para transparentar el funcionamiento del Estado, las cuales son:  

- Obligación de los Ministros a dar conferencias de prensa; y obligación a todos los candidatos presidenciales a participar de debates públicos.

- Reforma del reglamento de las Cámaras del Congreso para facilitar las interpelaciones a los Ministros.

- Ley de acceso a la información pública, de Gobierno Abierto y de datos abiertos.

- Reformas en el funcionamiento del estado, para el ingreso por sistemas de concursos; y para las compras y contrataciones mediante mecanismos y tecnologías que aseguren la transparencia y el control.

- Ley de Fideicomiso ciego para que los funcionarios públicos no puedan administrar su patrimonio durante el ejercicio de sus mandatos, a fin de evitar la obtención de privilegios. Ley de marco regulatorio de la Publicidad Oficial.

- Juicio de residencia a los funcionarios públicos, por la rendición de cuentas al cabo de su gestión Reglamentación del lobby en el Congreso de la Nación y del sistema de audiencias públicas.

- Reforma a la Ley de Ética Pública, incluyendo los máximos resguardos para la conducta de los funcionarios, y puesta en marcha de la Comisión Nacional de Ética Pública.

- Modificación de la ley regulatoria de los Decretos de Necesidad y Urgencia y derogación de las facultades delegadas. Implementación del sistema de boleta única para las elecciones nacionales.

- Derogación de la Ley de Blanqueo y suspensión del secreto fiscal. 

- Sanción de Ley Orgánica de la Auditoria General de la Nación.

- Eliminación del secreto fiscal en procedimientos tributarios cuando sea parte un funcionario público.

- Juicio por Jurados en casos de Corrupción

En diálogo con gestionpublica.info, el presidente de la Autoría General de la Nación, Leandro Despouy, manifestó su apoyo a la propuesta y consideró que la lucha contra la corrupción es uno de los ejes de mayor amplitud y certeza en Argentina.

Esta no es una administración abierta, cuestionó Despouy y señaló que todos estos proyectos de ley tienen una matriz común vinculada al acceso a la información y a la transparencia.

No sólo se plantea que la ausencia de control genera que las prestaciones y la calidad de los servicios no sea buena sino también, por ejemplo en el caso de los ferrocarriles, transforma un accidente en una verdadera tragedia, comentó Despouy y denunció: Hay un manejo poco cuidadoso de los fondos que permiten desviaciones y actos de corrupción.

Nos han mojado la pólvora 

Así consideró Leandro Despouy al señalar que si bien la sanción de la ley de Administración Financiera (24156) significó un progreso en materia presupuestaria, imposibilitó al organismo de control de presentarse como querellante ante causas de corrupción. Si hubiésemos tenido esa posibilidad, hubiéramos podido iniciar juicios contra (Ricardo) Jaime hace ocho o diez años, confirmó.

El presidente de la AGN además aclaró que esta ausencia que tiene la Auditoria para impulsar un juicio han tenido un impacto muy concreto en la realidad y en la investigaciones vinculadas a hechos de corrupción. 

Consultado respecto a cuáles son los desafíos del próximo parlamento, el presidente de la AGN sentenció: Esperemos que el próximo congreso sancione una ley que, tal como lo prevé la Constitución Nacional, reglamente el artículo 85 de la constitución. De este modo el Parlamento nos devolverá las facultades que nos arrancó cuando se aprobó la ley en 1992.