Tras haber analizado 115 expedientes de jubilados y pensionados docentes, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que en el 45,2% de los casos había errores en la liquidación ya que “por exceso o defecto presentaban diferencias en el monto del haber”. Para los auditores esto es consecuencia de “una debilidad en el sistema de control”.

La AGN realizó un examen en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para “verificar el otorgamiento, liquidación y pago de prestaciones previsionales en el régimen de trabajadores docentes”, del segundo semestre de 2010. De allí surge que hubo “varios incrementos para beneficiarios que no fueron aplicados”. Por ejemplo, en mayo de ese año se concedió un aumento “que no se hizo efectivo en 15 de los 115 casos evaluados”, además a otro “se le imputó dos veces”.

También “hubo tres expedientes con diferencias en el valor que se descuenta por obra social” y “uno en el impuesto a las ganancias”. Del cruce de información con el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), se observaron 16 casos en los que “el titular continuó con sus actividades en relacion de dependencia luego de obtener el alta en el servicio jubilatorio”.

En relación a los haberes retroactivos de pensiones, la AGN detectó que “se realizaban en forma manual, incrementando el riego de cometer errores”. De hecho, “se encontraron falencias en 17 de los expedientes analizados”.

Se detectaron también casos en los que “el titular no cumplía con la edad requerida para acceder al haber” o en los que “el legajo de alta no reúne con las condiciones necesarias”.

Las Unidades de Atención Integral (UDAI) “están habilitadas para otorgar y liquidar beneficios docentes”. Para el año auditado, “se superaron las metas propuestas, en cuanto a entrega de prestaciones, en 23.832 casos”, es decir, un 3.7% más.

La tardanza promedio de resolución de las prestaciones, para el 2010 era de 60 días hábiles, pero “según el Libro Estadístico resultó ser de 77, sumando un desvío de 17 jornadas laborables”. El informe menciona algunos casos como el de un beneficiario “que fue resuelto el mismo día del ingreso de la actuación” o el de otros tres que se resolvieron en un día y 22 cuyos plazos de tramitación abarcan más de 120 días”, plazos dispares si los hay.

Como consecuencia del análisis puntual de varios expedientes, la AGN expresó que “hay 18 certificaciones de servicios y remuneraciones que no están avaladas por ningún funcionario autorizado”. Ademas detectó legajos que tenían “documentacion agregada sin foliar” y “foliaturas incompletas o informalemente confeccionadas”.