Cheques, facturas, rendiciones y expedientes con errores que Desarrollo Social nunca observó
Los municipios son quienes reciben el dinero del Ministerio y lo entregan a las cooperativas de trabajo a medida que van ejecutando sus tareas. En este punto, la AGN detectó demoras de más de 300 días en la justificación de gastos, compras que no estaban contempladas y movimiento de dinero por montos mayores a los establecidos por normativa. Muchos beneficiarios no cumplían con los requisitos para ser cooperativistas.
Municipios que tardaron más de un año en rendir cuentas, facturas por conceptos que no estaban previstos, cheques por montos que excedían los topes vigentes por normativa y una multiplicidad de errores formales en la documentación fueron algunas de las observaciones que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN) en su informe sobre la gestión del Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST).
El proyecto en cuestión está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y en El Auditor.info tenemos publicaciones sobre él. Pero en esta oportunidad el foco en el informe, que evaluó el año 2010, estará puesto en los Entes Ejecutores Municipales, es decir, los municipios, que son quienes reciben el dinero del Ministerio y lo otorgan a las cooperativas conformadas en cada localidad.
De los ocho municipios evaluados, “cinco demoraron e incumplieron los 180 días de plazo máximo para realizar la rendición de cuentas”. Berazategui, por ejemplo, “tuvo una tardanza de 398 días, Corrientes de 391 y otra de 556, mientras el municipio de Lanús tiene en su haber una demora de 296 días”.
Pero en el siguiente paso, desde la presentación que hacen las localidades hasta la emisión de la resolución formal por parte de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional de Desarrollo Social, “también hay retrasos”. Los más significativos se dieron con la documentación de Campana e Ituzaingó, “con aplazamientos de 697 y 604 días respectivamente”.
En éste último y en Escobar “se registraron incongruencias entre los importes rendidos y el avance de las tareas previstas, sin que el Ministerio los haya observado”.
El uso de cuentas bancarias se vuelve un elemento fundamental a la hora de asegurar la transparencia. Pese a ello, "hubo municipios que no las utilizaron para los programas financiados por el Estado Nacional como Escobar, José C. Paz y Lanús".
Hay cinco casos en los que "los saldos declarados como remanentes no gastados no coinciden con el saldo obtenido por los extractos bancarios". En otros tantos "se liberaron cheques para ser cobrados por caja por montos superiores a los habilitados por la normativa vigente" ($50 mil). En José C. Paz se dio el caso más resonante de 5 cheques por casi $40 millones.
Los auditores detectaron cheques emitidos a favor del municipio "por motivos que no corresponden al PRIST". En esta situación otra vez José C. Paz es la localidad más emblemática con siete cheques por $31,5 millones.
Otra de las irregularidades detectadas por la Auditoría nacional está relacionada con “las compras que no coinciden con los ítems previstos para adquirir o con las cantidades”. Por ejemplo, en Corrientes hubo facturas por 847.200 ladrillos que “no estaban contemplados en ningún módulo”. En José C. Paz “se realizaron gastos administrativos, alquileres de máquinas y camiones por casi $1.9 millones cuando el programa no contemplaba estos conceptos”. Algo similar sucedió en General Las Heras.
También en Corrientes, un proveedor emitió 48 facturas por $6.480 cada una para la provisión de calzado de trabajo para cada cooperativa. No obstante, con el expediente “se adjuntaron comprobantes en AFIP ‘con observación’”.
Nuevamente, “en ningún caso hubo un llamado de atención ni del Ministerio ni de los municipios”.
Para analizar la situación de los cooperativistas, la AGN tomó una muestra de 1.252 beneficiarios de ocho municipios y detectó “incompatibilidades” que otra vez “no tuvieron ningún tipo de observación” por el organismo competente. Por ejemplo, “casi el 13% son titulares de algún beneficio provisional”, ya sea pensión o jubilación. El 3,3% cobra un plan social y el 0,7% era trabajador autónomo o estaba en relación de dependencia.
De la revisión de expedientes, el organismo de control encontró irregularidades de todo tipo como la “falta de firma en los informes de avance y los convenios, la inexistencia de estudios de factibilidad de las obras a realizarse, la ausencia del detalle de tareas a realizar entre los Entes Ejecutores y las cooperativas”.
Además, en cuanto a la documentación de avance de las obras los auditores vieron que “era escueto el material fotográfico y el porcentaje, lo que dificultaba constatar la calidad, cantidad y avance de la obra”.
En cuanto al costo de las obras la AGN observó "diferencias entre los presupuestos que figuran en los contratos firmados entre el Ministerio y los Entes Ejecutores y los costos que puedieron estimarse".
