El control del tránsito de personas en los límites territoriales del país tiene, según la Auditoría General de la Nación (AGN), un “condicionante muy significativo”: sólo 42 pasos fronterizos de los 234 existentes usan el sistema informático con el que opera la Dirección Nacional de Migraciones.

Según el trabajo, elaborado desde 2007 hasta mayo de 2008 y aprobado este año, el resto de las fronteras se maneja con el Sistema de Antecedentes de la Gendarmería Nacional, o bien no está informatizado, lo que significa que la vigilancia es hecha en forma manual. La AGN destacó la necesidad de “proceder a la informatización de los pasos habilitados, atendiendo a que el control de las restricciones se torna imposible con procedimientos manuales”, y recomendó “compatibilizar” las bases de datos de Migraciones y Gendarmería para lograr el “adecuado cumplimiento del registro de las personas que ingresan o salen del país”.

La Dirección Nacional de Migraciones es un ente descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior. En este informe, la Auditoría analizó la labor de dos direcciones: la de Admisión de Extranjeros y la de Control Migratorio. Al momento de aprobar la investigación, el organismo de control dio el “carácter reservado” a varias de sus observaciones, por tratarse de “información relativa a la seguridad interior”.

El sector de Admisión de Extranjeros resuelve trámites de radicación. Entre las observaciones no reservadas, la AGN señala una diferencia entre la sede central de la oficina y las delegaciones del interior. Es que en el área metropolitana hay un circuito informatizado y las operaciones duran un promedio de dos días, mientras que en las provincias las admisiones son realizadas en forma manual y luego se reportan a través de internet. En este último caso, el informe sostiene que “el mecanismo empleado no tiene una frecuencia determinada, ni se han detectado controles que permitan asegurar la integridad de la transmisión de radicaciones en un momento determinado”, valga la redundancia. Por su parte, la propia Dirección de Migraciones informó que esto fue subsanado desde la aplicación de un sistema llamado “samex”. Los auditores aclaran que, como el uso del samex fue posterior a su investigación, “la situación debería ser verificada en un futuro trabajo de seguimiento”. Es decir, habrá que esperar un nuevo análisis de la AGN para conocer la eficacia del mecanismo.

Pero la labor de las delegaciones del interior mereció otro llamado de atención. “Se observa, con respecto a trámites iniciados, una baja cantidad de radicaciones resueltas en el mismo año (en que) fueron presentadas”, dice el informe, y añade que durante 2007 la relación radicación iniciada-trámite resuelto fue del 65,5%, mientras que, en la sede central, el nivel de eficacia ascendió al 94,6% para el mismo período.

Además, no todas las oficinas tienen el mismo rigor. Según la AGN, hubo un pedido de radicación de un ciudadano brasileño que fue rechazado en la delegación La Plata, hasta tanto el interesado no aportara la certificación de antecedentes que expide el país desde donde ingresa (en este caso fue Ecuador), y se obtuviera una respuesta de Interpol. Pero, “con posterioridad, la delegación Salta autorizó la radicación sin que se hayan agregado tales antecedentes”.

De hecho, los auditores descubrieron que “en todos los casos de radicación analizados, existiendo solicitud de antecedentes a Interpol, el trámite de admisión se aprueba sin contar con la respuesta de la entidad policial”. En su descargo, Migraciones aclaró, por un lado, que acordó con Interpol que se informe por escrito sólo cuando el extranjero que quiere ingresar al país registre antecedentes, por la imposibilidad material de responder a todos los pedidos; y, por el otro, que coincide con el sentido de la observación de la AGN y que “se abocará al estudio de un mecanismo distinto para documentar esta modalidad de trabajo”.

Dentro de la Dirección de Admisión de Extranjeros también funciona un área destinada al programa Patria Grande, que busca regularizar la situación de los inmigrantes, nativos de países del Mercosur y asociados, sin documentación legal para residir en el país. La iniciativa se realiza mediante la intermediación de 596 instituciones colaboradoras que, en base a su actividad específica en comunidades de extranjeros o barriales, captan a los interesados en ponerse al día con sus papeles.

El problema, cuenta la Auditoría, fue que “se produjeron denuncias sobre la actividad de diversas instituciones colaboradoras que provocaron la pérdida de habilitación en varios casos”. Además, se presenta una limitación: Patria Grande “no prevé la registración de las denuncias efectuadas a fin de poder identificar qué asociaciones se encuentran denunciadas y si están siendo investigadas”, añade el informe.

Asimismo, “existieron instituciones colaboradoras que tuvieron gran cantidad de trámites de radicación resueltos, pero sin notificar a los interesados”. Desde la coordinación del programa Patria Grande, explicaron a la AGN que todos los meses entregaban un sobre a cada institución con las respuestas favorables a las solicitudes de radicación, para que se den los avisos correspondientes. Igualmente, el organismo de control enumeró casos de entidades en las que la relación trámites notificados-radicaciones concluidas es “muy baja”: Municipalidad de Berazategui, nueve sobre 820; Municipalidad de Moreno, 476 sobre 1.078; ONG Nuestro Refugio de Satélite II, también de Moreno, sólo un caso sobre 242.

Por esto, la Dirección de Migraciones respondió a la Auditoría, en primer lugar, que “las notificaciones han dejado de ser responsabilidad de las instituciones colaboradoras”, y, segundo, que se hizo cargo de cumplir con ese paso de los trámites de radicación. Otra vez, y como dice el propio informe de la AGN, “la situación antedicha debería ser objeto de un estudio de seguimiento”.