Bajo la órbita del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) funciona el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (RUAGA), que “busca dar cumplimiento al derecho de los menores a tener una familia y brinda la posibilidad de ser padres a personas que se ofrezcan a serlo”. El informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) dice que la dependencia tiene poco personal para llevar a cabo sus tareas.

A esta observación se suma la declaración de la jefa del Departamento que aseguró que “no son suficientes los recursos humanos, sobre todo por el incremento que experimentó el seguimiento de las familias en guarda”. El área se encarga de la evaluación de los aspirantes y el armado de una nómina, que luego el juez competente podrá consultar a fin de encontrar a aquella familia que mejor se adecue al perfil de cada niño. Asimismo lleva adelante el proceso de monitoreo de la familia o persona que tiene a su cargo un niño previo a la adopción.

El informe aprobado en noviembre de 2011, sobre el período 2009, indica que, al momento de hacer la auditoría (2010), el departamento contaba “con 3 abogados, 10 trabajadores sociales, 12 psicólogos y 3 administrativos” y que durante 2009 “se efectuó el trabajo de evaluación y de admisión de 343 postulantes al registro y se efectuaron 176 seguimientos”.

Por otra parte, el CDNNyA cuenta con 16 Defensorías asentadas en cada una de las comunas porteñas. Éstas se encargan de brindar asesoramiento, orientación y atención frente a actos que vulneren derechos de los niños y, además, efectúa relevamientos y diagnósticos en sus zonas de competencia. Sus funciones están establecidas en la Ley 114 de la Ciudad y en la Ley nacional 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes)

Según la Auditoría, “no hay relación entre la cantidad de profesionales y las consultas que atiende cada una de las Defensorías”. En este sentido, se explica que la Defensoría de la Comuna 2, con 106 casos atendidos cuenta con dos equipos técnicos y que la Comuna 4, con 2.569 casos tiene solo un equipo más (tres).

De hecho, la Defensoría de la Comuna 4 (La Boca-Barracas) es la que cuenta con más instituciones de atención hospitalaria, ya que tiene bajo su órbita a dos de los tres Hospitales de Pediatría de la ciudad, la única Maternidad y el único Hospital de Salud Mental Infanto-Juvenil. La Auditoría sostiene que esta característica “tiene impacto en la cantidad de casos atendidos”, dado que “cuando en esas instituciones se detecta la vulneración de derechos de un niño que tiene domicilio en otra jurisdicción, el caso es atendido en esta comuna, hasta tanto tome intervención la jurisdicción que le corresponde al niño por el domicilio familiar”.

A su vez, la AGCBA observó que pese a que los equipos deben estar conformados por dos promotores de derechos (un trabajador social, un psicólogo y un abogado), “los promotores no fueron designados” tal como lo establece la Ley 114.

En la Comuna 3 (de Once) durante 2009 renunciaron 9 profesionales y a octubre de 2010, otros 6 empleados más. Esta “alta rotación”, según el organismo de control, “trae consecuencias en el tratamiento de los casos y en su seguimiento” y “es ineficaz e ineficiente para la gestión de los casos al tener que incorporar y capacitar continuamente”.

Infraestructura

Otra de las observaciones del organismo es que en las Comunas 3 y 4 “la infraestructura es inadecuada para que los profesionales puedan realizar las entrevistas resguardando el carácter de confidencial y privacidad”. Además, en el caso de la Comuna 3, al estar ubicada en el edificio del Centro de Gestión y Participación, “queda supeditada a las necesidades de espacio para el desarrollo de las actividades de este último”.

Registro y monitoreo de ONG

El Consejo a su vez debe llevar un registro y monitorear a todas las organizaciones no gubernamentales que trabajen con niños, niñas y adolescentes. Por mes, se visitan aproximadamente 50 hogares, centros de días y comunidades terapéuticas, ponderando los hogares que estén en conflicto, ya sean cuestiones edilicias, institucionales, de intervenciones profesionales o denuncias por irregularidades.

Del relevamiento de la documentación presente en los legajos de las organizaciones registradas (56 carpetas), la Auditoría asegura que “en el 100% de los casos no estaban los convenios celebrados entre las entidades gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales”, según lo establece el Artículo Nº 77 de la Ley Nº 114.

Por último, la AGCBA dijo que las 24 personas que integran los equipos de evaluación, registro y seguimiento (entre ellos, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos y sociólogos), “no son suficientes para cubrir el universo de 200 ONG´s”.