En tres aduanas, que concentran más de un tercio de las exportaciones del país, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que falta personal, hay demoras en los trámites y hasta se registra “inactividad procesal”.

Las terminales en cuestión son Bahía Blanca, San Lorenzo y Rosario, puertos que manejaron -sólo en 2009- operaciones por US$ 25.742 millones, principalmente relacionadas con cereales y el concentrado de minerales.

El organismo de control elaboró un informe sobre datos del ejercicio 2009 que fue aprobado en junio de este año. En la investigación se analizaron varios aspectos de la labor en las terminales, por ejemplo, el funcionamiento de las balanzas usadas para pesar los cereales que van a ser embarcados. Esos aparatos, que son propiedad de los operadores portuarios, deben ser habilitados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y la Dirección General de Aduanas es la encargada de chequear esos permisos. Sobre esto, el trabajo de la AGN dice que “no se ha detectado ningún tipo de registro informático que emita alertas oportunas de los vencimientos de las respectivas habilitaciones”.

Además, en las aduanas relevadas “no se cuenta con scanner permanente para las tareas de control”, añadieron los técnicos.

Otra forma de fiscalizar las operaciones es mediante la obtención de imágenes a distancia, aunque los auditores observaron que la Aduana de Bahía Blanca “no dispone de estos medios”. Por su parte, en la terminal de San Lorenzo, “que sí cuenta con imágenes obtenidas mediante cámaras web, el monitoreo sería mejor si se ampliara el ancho de banda”.

Si de herramientas técnicas se trata, la AGN reveló que “los responsables” de los puertos visitados “han efectuado pedidos para mejorar el parque informático, no recibiendo respuestas”, y puntualizó que “el Administrador de la Aduana de San Lorenzo señaló que los medios informáticos con que se cuenta en la oficina central son obsoletos e insuficientes”.

Ese parque informático de las aduanas se maneja con un software llamado “María”, que sirve para registrar y controlar las operaciones. Reeditando investigaciones pasadas, el informe recuerda: “Este sistema ya fue objeto de auditorías anteriores y se concluyó, entre otras cosas, que su utilización no resulta amigable, que no es flexible, no se pueden realizar consultas específicas ni modificar los parámetros de consulta”. Puntualmente, la AGN destaca dos limitaciones del programa “María”: por un lado, no registra en forma automática las “pesadas” que se hacen en las balanzas de los puertos y, por el otro, el software “no emite alertas que permitan controlar que no se excedan en los plazos comprometidos para llevar a cabo las exportaciones, ni las cantidades pertinentes”. Por eso, en las aduanas auditadas estos chequeos se hacen se forma manual.

No obstante, hay otros aspectos en los que también se realizan controles manuales. Según la Auditoría, esto ocurre con el sistema de Trazabilidad de los Sumarios Contenciosos, y es porque el mecanismo “no se ajusta a las actuales necesidades operativas” de las terminales. ¿Dónde se registra esta situación?, en el monitoreo del vencimiento de los plazos procesales ya que el sistema no dispone de alertas sobre este punto.

En este sentido, la AGN notó “inactividad procesal” y “demoras en la tramitación de los sumarios”. Por ejemplo, en la Aduana de San Lorenzo, un proceso de multa contra YPF por $ 84.386 se había iniciado el 18 de agosto de 2009, pero la empresa recién fue notificada el 28 de junio de 2010 y, desde entonces “no se registra otra actividad procesal”.

Algo parecido se descubrió en la Aduana de Rosario, con dos multas: una fue a la empresa Vicentín SAIC, por $ 121.605, en un proceso iniciado el 12 de abril de 2007, aunque la compañía recién fue notificada el 21 de octubre de 2008. La otra, recayó sobre la firma Nenuca S.A., por $ 157.686. En este caso, el sumario comenzó el 25 de febrero de 2008 pero la notificación se hizo recién el 12 de agosto de 2010. El informe concluye que en ninguno de los dos sumarios se registraron más actividades procesales.

Y, en la terminal de Bahía Blanca, la Auditoría encontró “un cúmulo significativo de denuncias sin la apertura del correspondiente sumario”, lo que significa que, frente a las infracciones aduaneras ni siquiera se inició el proceso de investigación. Al respecto, el titular de la Sección Sumarios bahiense manifestó al equipo de AGN que “los motivos radican en la gran cantidad de denuncias y en la imposibilidad de afrontar dicho volumen de actuaciones con el personal afectado al área”.

Con respecto al último punto, dice la investigación que “los responsables (de las aduanas) han señalado la insuficiente dotación de personal y de perfiles adecuados para la realización de las tareas de control”.

¿Cómo se controlan las exportaciones?

En cuanto a la fiscalización de los productos que salen del país, la Auditoría explicó que, como una de las labores aduaneras, existen los “análisis de muestra”. Sintéticamente: la Dirección de Aduanas toma una muestra de mercadería y la envía al INTI para su análisis. Luego, se confronta el resultado de ese chequeo con lo declarado por el exportador. Tras indagar sobre este proceso, los técnicos remarcaron los “retrasos en la recepción en la Aduana de los resultados de los análisis”. En la aduana de San Lorenzo, por ejemplo, hubo demoras de “aproximadamente tres meses; en el caso de la aduana de Rosario, informan 45 días de demora, y en la aduana de Bahía Blanca acusan “demoras habituales”.

Hay otra clase de controles, como las llamadas “contraverificaciones”. En este procedimiento la Aduana chequea mediante cálculos matemáticos la cantidad de mercadería en cuestión, tanto antes como después del embarque. Sobre este punto, completa la AGN: “De la revisión realizada en la aduana de San Lorenzo surge que se realizan operativos y se asientan en un registro manual (en los que) falta cierta información y documentación, y el porcentaje de operativos realizados es poco significativo respecto de las toneladas de mercadería embarcada”.