En 2008, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creó un área dedicada a administrar los 1.230 inmuebles pertenecientes al Estado. Pero la Auditoría porteña (AGCBA) detectó que desde entonces, 211 bienes nunca fueron relevados y otros 500 figuran como “ocupados irregularmente” o “desocupados”, lo que significa que se tienen registros defectuosos del 58% de las propiedades.

La dependencia en cuestión es la Dirección General de Administración de Bienes y funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico. En mayo de este año el organismo de control aprobó un informe sobre datos de 2010 donde se afirma que en los inmuebles que sí fueron relevados hay deudas por canon, ABL y Aguas, por más de $ 5 millones, que en algunos casos superan los 10 años de antigüedad.

Según la investigación, son “529 inmuebles en locación (los) que mantenían deudas por canon con antigüedades superiores a los 10 años, por un total de $ 4.735.751,04”.

El canon es una modalidad de pago por el alquiler de un inmueble y, sobre esto, la AGCBA afirmó que la Dirección no  llevaba un legajo de cada propiedad sujeta a este régimen donde figure toda la información pertinente, ni se “instrumentaron renovaciones de los convenios de los inmuebles que garantizaran un valor actualizado del canon a percibir” por el Gobierno de la Ciudad.

Con respecto a Aguas, la dependencia no había analizado al momento del informe la situación de unos 576 inmuebles que adeudaban el servicio. No obstante, de las 654 unidades que sí fueron controladas, 497 debían a la empresa prestadora $ 851.072,40. Algunas de estas deudas superaban los dos años de antigüedad.

Por el lado de Alumbrado, Barrido y Limpieza, la Auditoría dice que “directamente no se efectuaron los controles de la situación de los inmuebles”, y añade que los funcionarios responsables de la Dirección habían solicitado a sus pares del área de Rentas el estado de deuda de las propiedades hasta el 31 de diciembre de 2010, pero “no recibieron respuestas”.

Más allá de las deudas, una de las misiones de la Dirección es hacer controles físicos y de ocupaciones sobre los inmuebles. La AGCBA tomó una muestra de 92 propiedades para ver cómo se cumplía este aspecto, y notó que en 49 casos “la información se encontraba desactualizada”, en referencia a que los últimos datos de estos bienes habían sido recabados antes del 1º de enero de 2008.

Por ejemplo, en dos inmuebles de la calle Homero al 100, no se había actualizado la fecha de relevamiento físico. En efecto, el último control databa de mayo de 2004, cuando la Auditoría detectó que hubo otro chequeo en marzo de 2007. Pero no sólo eso: “Estas propiedades se encontraban clasificadas en situación ocupacional ´a determinar´, aún cuando se constató que (estaban) ocupadas por la Asociación de Centro de Jubilados y Pensionados Villa Luro”, afirma la investigación.

Algo parecido pasó con otra locación, ubicada en Py Margall 671. En este caso, el inmueble se encontraba clasificado en situación ocupacional “irregular”, pero según la documentación obrante en el legajo de antecedentes, fue el mismo Estado porteño el que otorgó (por Ley en el año 2000) el permiso de uso a la Asociación Catalinas Sur, a título precario y gratuito.

Dentro de la Dirección porteña funciona el Registro Único de Bienes Inmuebles, conocido como RUBI.

Entre las propiedades analizadas por la Auditoría, 43 sí tenían su información actualizada, pero en seis casos los datos no habían sido replicados en el RUBI.

Ocurrió con un inmueble de la calle Cochabamba 349, que tenía una “situación ocupacional ´a determinar´, (en el sistema RUBI) aún cuando se constató -a través del relevamiento realizado el 26 de octubre de 2010- que se hallaba ocupado por la Sociedad Mutual Argentina de Taxis (S.M.A.T.)”, dice la Auditoría.

Otra propiedad, en Juan de Garay 627, se encontraba en la misma situación ante el RUBI, pese a que en abril de 2011 se constató que el espacio había sido incorporado a la vía pública por el ensanche de esa Avenida.

También se clasificó en el RUBI con “situación ocupacional a determinar”, un inmueble de Pedro de Mendoza 2835. Según los registros de la Dirección auditada, se trataba de una fracción que había sido expropiada en 2006 a la firma Barraca Merlo S.A., con el correspondiente pago de la indemnización. No obstante, concluyó el organismo de control porteño, “se constató por relevamiento fotográfico del 10 de febrero de 2010 que la fracción se hallaba ocupada irregularmente por la firma Lo Primo S.A.”.

Los auditores también analizaron 29 inmuebles ocupados irregularmente, y se determinó que en cuatro casos no había evidencias de que la Dirección de Administración de Bienes haya impulsado “gestiones para la desocupación”.

Por último, sobre la labor de la Dirección, la Auditoría añade que esta dependencia no tiene manuales de procedimientos que regulen su gestión y los circuitos administrativos “no se hallan formulados por escrito”.

Además, el informe completa que “no hay en los legajos ´evidencia´ de los relevamientos físicos y ocupacionales realizados por la Dirección sobre los inmuebles que administraba. De hecho, (los legajos) no contenían los formularios de relevamiento ocupacional ni físico diseñados para volcar esa información”.