La Gripe A tuvo su punto crítico en nuestro país entre junio y julio de 2009. Para hacerle frente a la emergencia sanitaria que se vivió a nivel global, el Estado Nacional adquirió un préstamo del Banco Mundial. Sin embargo la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que ese dinero “terminó de gastarse fuera de término”.

Según el equipo de auditores “el 35% de la inversión en bienes no respondió -justamente- al criterio de urgencia que se le atribuía al préstamo”. En 2013, por ejemplo, se ejecutaron U$S 31 millones para la compra de ambulancias que “no estaban incluidas en el proyecto original”. Si bien se destaca que “son de ayuda y fortalecen al sistema de salud, no pueden ser enmarcadas en la emergencia que dio origen al préstamo porque ese año ya no existía riesgo de nuevos brotes”.

En 2010, “se utilizó el dinero para el reconocimiento de gastos del año anterior durante la pandemia, fueron U$S31 millones para la adquisición de medicamentos y U$S 4,4 millones en nuevas ambulancias”.

El informe, que evaluó el proyecto de emergencia entre marzo de 2010 y el mismo mes de 2013, señala que uno de los objetivos era mejorar el Programa Nacional de Vacunas, específicamente de infecciones respiratorias agudas relacionadas con la influenza. 

Para ello, y con el objetivo de evitar una segunda ola, en 2010 se puso en práctica la aplicación de dosis de vacuna A/ H1N1 para trabajadores de la salud, embarazadas y niños, y la dosis de vacuna neumocóccica para personas mayores a 65 años. Ese año se planificó llegar a 8,5 millones para el primer tipo y a 900 mil para el segundo. 

Al año siguiente, el objetivo fue vacunar a 4,6 millones con la antigripal y a 700 mil con la neumocóccica. La AGN observó que “la distribución del primer tipo de vacuna superó el 100% del objetivo poblacional, aunque su repartición fue dispar ya que hubo provincias que no llegaron al 95% de cobertura”. 

Pero la inmunización de los adultos mayores no fue tan exitosa, de hecho “solo se alcanzó al 17% de la población el primer año y al 23% al siguiente”.

Otro de los objetivos incumplidos estuvo relacionado con la comunicación. La idea era diseñar y poner en práctica un plan de prevención y autocuidado. Sin embargo, “solo se consiguió llegar, en promedio, al 19% de los habitantes”.

El informe, que fue aprobado en abril de 2016, analizó también la adhesión, por parte de las provincias, a la emergencia y detectó que “debían estar adheridas previamente al proyecto Funciones Esenciales de Salud Pública”. Esta situación, para los auditores, “tiende a ser excluyente y resulta poco apropiado para tratar una urgencia nacional”.

En cuanto al proceso de atención a los pacientes se había planificado un tratamiento para quienes quedaban internados en salas comunes y otro para quienes se encontraba al cuidado de la Unidad de Terapia intensiva. No obstante, “las imprecisiones y las deficiencias en la planificación impidieron su utilización”, principalmente porque “no estaban establecidos en los Manuales Operativos”.