Más del 50% de los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires no realizó la presentación de sus declaraciones juradas a pesar de que “estaban obligados” por una norma local. Así lo expone la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en un informe que aprobado este año sobre datos de 2009.

Cuando los auditores comenzaron con el trabajo de campo, con el fin de verificar el cumplimiento la presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los diferentes miembros del Ministerio, se encontraron con que los listados que recibieron de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la Escribanía General de la Ciudad y del mismo Ministerio de Ambiente, “resultaban incompletos y no coincidentes”.

También remarcaron que “la inexistencia de un listado único y completo de los entes obligados a presentar declaraciones juradas”, lo que ocasiona “dificultades para controlar los cumplimientos”. De hecho, según el Ministerio de Ambiente, los funcionarios que debían realizar la presentación de sus declaraciones eran 105, mientras que para la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos se trataba de 181.

Los auditores tuvieron que realizar un trabajo de “integración y depuración” para poder saber realmente cuántos miembros del Ministerio estaban obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales. El resultado que obtuvo la AGCBA fue de 126 funcionarios.

De ese total de empleados, la Auditoría observó que “67 agentes han incumplido con la presentación de DDJJ”, lo que representa el 52,2%. Al respecto, el organismo de control expresó que existe un “alto nivel de incumplimiento”.

Sanciones

En materia de intimaciones y sanciones a los infractores, la AGCBA señala que “la legislación vigente durante el período auditado - 2009 - no establece sanciones específicas para los funcionarios incumplientes (SIC)” y completa diciendo que “esta carencia permite que un funcionario pueda cesar su cargo sin haber presentado la DDJJ o asumir otro sin presentar la declaración de alta en su nueva función”.

Si bien el Decreto 1381/GCBA/04 que regulaba la situación de las declaraciones juradas en 2009 fue reemplazado por otro Decreto, el 450/10, la nueva normativa continúa siendo insuficiente, ya que sigue sin pautar “ningún tipo de sanción” para quienes no se ajusten a lo estipulado. Sin embargo, es importante mencionar que no es la primera vez que la AGCBA menciona “la necesidad de establecer sanciones concretas a los funcionarios incumplientes”.

Registro y archivo

La AGCBA detectó que el programa informático que se utiliza para el registro de declaraciones juradas “no funciona correctamente”, ya que no registra la fecha de la presentación del funcionario sino la de la carga en sistema.

La documentación se guarda en cajas apiladas que no tienen “ningún orden lógico”. Ante la falta de espacio en el archivo para la conservación de la DDJJ –que deben permanecer a disposición durante diez años-, los auditores detectaron que “un gran volumen de cajas con información correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 2007 se encuentra en otras oficinas”.

Finalmente, la Auditoría señala que en materia de declaraciones juradas, guarda, conservación y archivo de documentación persisten falencias que ya habían sido detectadas y reveladas en otros informes sobre distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad.