Para la Auditoría General de la Nación (AGN) el subprograma que tenía como objetivo la construcción de escuelas para mejorar el sistema educativo, no sólo tuvo una ejecución “eficaz” porque cumplió el objetivo planteado y superó la cantidad de metros a edificar, sino lo calificó como un proyecto de “significativo impacto social en diversas comunidades”. Sin embargo, constató que “todas las construcciones -inspeccionadas- presentaron alguna falla”.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios tuvo a su cargo, a partir de 2004, al Subprograma II de “Expansión de la Infraestructura Escolar”, que es una división del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo” (PROMSE) creado en 2003 a través de un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo del subprograma consistió en “contribuir a la provisión de la infraestructura edilicia necesaria para la Educación Media (EM) y la General Básica (EGB), contribuyendo también al reemplazo de los edificios existentes que, por ser anticuados, son un riesgo para la seguridad”.

En números, la eficacia que señaló la Auditoría se basa en que al 31 de diciembre de 2008 se habían iniciado 682 obras, de las cuales 537 -el 78,9%- ya estaban finalizadas. En tanto, “las 145 que se encontraban en ejecución presentaban un avance promedio del 72%”. A estos valores se le suma el hecho de que como “se preveían construir 470.000 m2 y que se terminaron haciendo 748.504 m2”. En metros cuadrados “el objetivo fue cumplido y superado”, afirma el informe.

No obstante, el organismo sostuvo que “todas las escuelas inspeccionadas presentaron fallas en la ejecución de algunos trabajos y/o tareas incompletas”. Si bien, relativiza el organismo de control, “el valor de los defectos y actividades inconclusas representa un monto bajo dentro del valor de cada obra, estas observaciones se han repetido a lo largo de todas las construcciones visitadas”.

La AGN destacó que a partir de los trabajos llevados adelante por el Subprograma II, “se logró una mejora en comparación con la situación edilicia previa a la construcción de los establecimientos”, pero que “una participación articulada entre los directivos escolares y las autoridades jurisdiccionales durante el proyecto, podría haber dado como resultado una optimización en el uso de los espacios”. Hay instalaciones, como los ascensores o la planta de tratamiento cloacal, que por su complejidad requieren de un mantenimiento específico. No obstante, esos trabajos “no son acordes a las posibilidades institucionales o jurisdiccionales”, por lo que no pueden ser correctamente arreglados.

“En general -indicó la Auditoría- los proyectos no contemplaron sistemas que suavicen el impacto del sol y el calor durante el verano”, a continuación asegura que esto provoca “un desenvolvimiento anormal de las actividades escolares”. Por ello, hubo casos en los que “las autoridades de las escuelas intentaron resolverlo de manera precaria una vez terminada la obra”.

Las salidas de emergencia con barrales anti-pánico en sus puertas “fueron instaladas en lugares  de uso intensivo, generando que las mismas se deterioren a causa de la utilización diaria”. Además, “no cuentan con cerraduras de seguridad y son fácilmente violentadas desde el exterior”.


Documentos y licitaciones

Del informe de la Auditoría nacional se desprende que “una de las mayores debilidades dentro del Subprograma II está vinculada con los aspectos legales y administrativos”, ya que la documentación de las licitaciones “se encuentra en cajas o carpetas que no conforman un expediente único, no está foliada e incluye documentos repetidos”. Por otro lado, el equipo de auditores  no pudo obtener la documentación completa de las contrataciones analizadas pero además “no se ha observado la aplicación de un criterio operativo que establezca de modo unívoco qué documentación” debe quedar archivada en las Unidades Ejecutoras provinciales y cuál en la sede central.

Provincias y recursos

El subprograma contó con un total asignado de 250 millones de dólares, de los cuales 150 millones fueron financiados por el BID, y los restantes 100 millones por aporte local. Estos fondos debían ser redistribuidos entre las distintas jurisdicciones “conforme a los lineamientos establecidos en el plan Federal de Educación 2002-2003”.

En relación a dicha matriz de distribución, la Unidad Ejecutora del Programa respondió a AGN que si bien los criterios acordados aseguran “la equidad en la distribución de los fondos (en función de la cantidad de alumnos por nivel educativo) no reflejan el eventual déficit de infraestructura ni las necesidades reales en relación con el crecimiento de la matrícula en cada jurisdicción” y que, por eso se han ido generando “criterios re-orientadores” para salvar la falencia mencionada. Sin embargo, los auditores no recibieron la documentación que justificara la “razonabilidad” de las reasignaciones de recursos entre jurisdicciones.

De hecho, la AGN detectó que “hubo cuatro jurisdicciones que recibieron menos recursos que los estipulados en el Plan Federal”. Puntualmente, la más perjudicada fue San Luís, “a la que le derivaron un 71% menos de lo que le correspondía”. Luego sigue la Ciudad de Buenos Aires que “recibió sólo el 40% de lo previsto”, Neuquén tuvo una asignación un 33% menor y Santiago del Estero, un 12% menos. Al respecto, la AGN “no ha tenido a la vista la información que fundamente las diferencias”.

Costos económicos por demoras

La Auditoría Nacional expresó que “los costos de las obras se mantuvieron acordes al contexto económico propio del sector” de la construcción, principalmente “respecto a la crisis económica por la que atravesó la argentina entre 2004 y 2008”.

De todas formas, los tiempos de construcción “se vieron afectados por las demoras en las tareas preliminares al inicio de las obras y en la ejecución de las mismas” (los trabajos finalizados fueron realizados en un plazo70% mayor al establecido). Si bien la AGN destacó que “hubo un proceso de aprendizaje y que el subprograma mejoró progresivamente sus niveles de eficiencia”, las demoras “derivaron en el pago de comisiones de compromiso excedentes”, es decir, que tuvo que abonar por ejecutar sus presupuestos disponibles a ritmos menores de los previstos. En total, se tuvieron que desembolsar casi 350 mil dólares por ese concepto.