En diciembre del año pasado, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza volvió a abrir las rendiciones de cuentas aprobadas sobre el período de 2008 y 2009 de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) provincial. Esta vez, los auditores detectaron “operaciones de ocultamiento para salidas ilegítimas de fondos”.

A partir de la nueva revisión de la cuenta, el Tribunal encontró que se “simularon pagos” a la AFIP, a la Dirección General de Rentas (DGR) y a los proveedores Aguapark S.A. y Construcciones del Valle S.A. por un total de $ 1.075.627,80. Los pagos falsos eran, hacía la AFIP por retención de impuestos a las ganancias o retención al sistema único de seguridad social; a la Dirección General de Rentas, por saldo de retenciones de ingresos brutos, y a los proveedores se les pagó “sin descripción del concepto o factura cancelada”.
 
Para generar los pagos a la AFIP y a la DGR, el procedimiento requiere el registro los mismos en el sistema contable (SIDICO) a través de la cuenta “Impuestos Retenidos”. Una vez hecho esto, los funcionaros de la UFI deben imprimir el pago y luego firmarlo. Pero, en este caso, como los desembolsos no eran legítimos, los imputaban a una cuenta que no era la que correspondía, sino a la de “Variaciones de Patrimonio”. De este modo, las órdenes “solo quedaban registradas en el sistema en formato digital”, sin comprobante impreso ni firmas que certifiquen su validez.

El hecho de imputar a otra cuenta no correspondida, constituye un “desvío de las exigencias del sistema contable para ocultar información de esta cuenta”, aseguraron los auditores.

Asimismo, el informe aprobado en 2012, sostiene que los pagos se deben realizar por transferencia bancaria, pero en realidad “se realizaron mediante la emisión de cheques”. El organismo descubrió, a su vez, que “el depositante de los mismos era la cónyuge del Tesorero”.

Ante este acto de corrupción, el organismo de control resolvió formular “cargos solidarios” por el monto de más de un millón de pesos más los intereses resarsitorios a distintos funcionarios. 

Los “responsables solidarios” son: el tesorero Marcelo O. Martorell ($ 917.675,49); la Directora de Administración, María Florinda Rubio ($ 373.742,62); el subtesorero, Federico Acuña ($ 709.986,34); y la contadora general, María Soledad Pastrana ($ 1.253.919,21).

El Tribunal aclaró que “la responsabilidad recae en forma solidaria sobre los firmantes de cada cheque”. Es decir, que “ante la inexistencia de orden de pago y toda otra documentación, los firmantes de los cheques son responsables sin excusas de la salida de fondos injustificada”.

Una historia no tan novedosa

Esta no es la primera vez que el Tribunal de Cuenta le formuló cargos a María Florencia Rubio y María Soledad Pastrana. Ya en 2010 el organismo les aplicó una multa porque la UFI compró un auto de alta gama en forma “irregular”: el proceso licitatorio estuvo “dirigido” a una única empresa oferente.
Además, esta sanción fue detectada durante la gestión del 2008.

El Tribunal también había detectado que no hay documentación que demuestre la efectiva prestación de un servicio de mantenimiento por el que la Unidad pagó $ 145.200 y, a partir de este dato, solicitó que se abra otro expediente para que los responsables presenten los papeles que justifiquen el gasto “bajo apercibimiento de aplicar cargo solidario o multa”.

Asimismo, a dos facturas, también por $ 145.200, “no se le realizaron las retenciones impositivas de Ingresos Brutos, Ganancias y de la Seguridad Social” que, según el fallo, ascienden a $ 4.800.

Los cargos formulados aquella vez sumaban un total de $ 500 para cada una. Esta vez, el cargo trepó a los $ 373.742,62 para Rubio y a los $ 1.253.919,21 para Pastrana. A todo esto, hay que sumarle que todos estos cargos se formularon sobre el mismo año.

* Con posterioridad, partir de un dictamen judicial, el Tribunal de Cuentas de la Provincia modificó la resolución de su fallo a la que se puede acceder en el siguiente link.