Un área del Gobierno porteño cuenta sólo con 20 abogados para afrontar unas 2.923 causas. Se trata del Departamento de Herencias Vacantes y, según un trabajo de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), la “excesiva carga de tareas” de los letrados provoca demoras en los trámites procesales, aumento en los gastos de mantenimiento de los inmuebles “e incrementan la posibilidad de que los bienes sean intrusados”.

Si bien el organismo de control no recibió información precisa sobre cuántas causas llevan los abogados, logró calcular “un promedio de 148 expedientes cada uno”. Con este panorama, el informe señaló que “la falta de personal de apoyo administrativo y la complejidad (de los juicios), restan eficacia a la labor profesional de los letrados, y la estructura (el Departamento de Herencias Vacantes) resulta insuficiente”. Y es que en la dependencia, los 20 profesionales están acompañados de un jefe de Departamento, un jefe de división y una jefa de equipo: “Esto resulta en un deficiente control interno, que no incluye seguimientos adecuados”, completó la AGCBA.

Para su trabajo, aprobado este año, la Auditoría tomó una muestra de 68 expedientes sobre el total de 2.923 causas activas entre enero y diciembre de 2008. Como ejemplo de las demoras en las causas, el informe puntualiza que “el 10,29% (de los casos seleccionados) se encontraba paralizado y el 19,11% lo ha estado”.

Además, durante el período auditado, sólo tres causas de la muestra “concluyeron por resolución o disposición del bien involucrado en una herencia vacante”. La AGCBA observó que esos expedientes demoraron un promedio de 100,24 meses, unos 8 años y tres meses.

Los inmuebles que se transforman en herencias vacantes pueden ser declarados de utilidad pública, incorporándose al patrimonio porteño, o bien enajenarse a través del Banco Ciudad. La Auditoría comprobó que en el 14,81% de su muestra “se tomó posesión de los inmuebles declarados de interés público en un tiempo promedio de 34,15 meses (casi tres años)”, y que esto “redundó en un perjuicio dado el excesivo costo que llevan las tramitaciones, la deuda misma que los inmuebles siguen generando y el mínimo beneficio real” para el Estado.

Sobre estas demoras, los funcionarios del Departamento de Herencias Vacantes informaron a los auditores que “los plazos establecidos por la normativa resultan de difícil complimiento, ya que no consideran los tiempos administrativos promedio, que incluyen pases entre diferentes dependencias”. Es que el proceso de herencias vacantes incluye la intervención de varias áreas, como el Ministerio de Educación, el destinatario de los bienes; el Registro Civil, que emite las partidas de defunción para el proceso judicial; el Banco Ciudad, encargado de tasar el bien que no se incorpore al patrimonio porteño; y del escribano oficial, si el inmueble efectivamente se registra a favor de la Ciudad. “La consecuencia de esto en un incumplimiento sistemático de los plazos legales”, dijo la AGCBA. Asimismo, se detectó una “constante informalidad en el registro de los pases entre las dependencias intervinientes".

No obstante, puertas adentro del Departamento auditado, el organismo de control encontró que funcionarios de menor rango modifican normativa de mayor jerarquía mediante “notas internas”. Según el informe, el 6 de mayo de 2008 el Director de Asuntos Judiciales informó por nota al Director de Gestión Dominial -en rigor, un superior-, que se dio la tenencia de un inmueble a un comprador contra entrega del 40% del valor de la propiedad, “siendo que el artículo 24 de la Resolución 365-SED03 dispone que se otorgue contra el pago del 100% del valor”. La Auditoría porteña concluyó que ese proceder “resulta incorrecto conforme la facultad de los funcionarios actuantes”.