Para que los 33 hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires puedan manejar desechos contaminantes, deben contar con certificados expedidos por la Agencia de Protección Ambiental (APRA), tanto para ser generadores de residuos patogénicos, como de líquidos peligrosos. Estas obligaciones figuran incluso en dos leyes porteñas, la 154 y la 2.214, y prevén las etapas de manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.

Asimismo, para que los centros de salud obtengan aquellas habilitaciones, deben presentar una Evaluación de Impacto Ambiental ante la APRA, un trámite por el que hay que pagar un timbrado.

No obstante, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó que tanto la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental como el pago del timbrado, figuraban entre las “principales dificultades (de los hospitales) para la obtención de los mencionados certificados”.

El dato figura en un informe aprobado el año pasado por el organismo de control porteño -sobre datos de 2010-, y fue aportado por la Subdirección Operativa de Residuos Hospitalarios. Este último ente reveló además que al momento de la investigación de la AGCBA “ningún efector contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental vigente, según lo establecen las leyes 154 (dedicada a los residuos patogénicos) y 2.214 (líquidos peligrosos)”.

En la misma línea, la Subdirección añadió que 13 de los 33 hospitales públicos de la Ciudad no tenían iniciados -al momento de la investigación de la Auditoría- los trámites de inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Líquidos Peligrosos; y lo mismo ocurría con otros dos nosocomios en lo relacionado con la inscripción al Registro de Generadores de Residuos Patogénicos.

Sobra dinero, falta documentación

Según el trabajo de la AGCBA, “no pudo determinarse fehacientemente el motivo (de) la existencia de saldos disponibles para el período auditado (2010) por falta de documentación”.

El saldo en cuestión asciende a $ 590.247,31, casi un 10% del presupuesto total de 2010, monto que estaba destinado exclusivamente al manejo de desechos contaminantes.

A partir de esta observación, la Auditoría quiso “conciliar” el presupuesto ejecutado en 2010 en materia de transporte, tratamiento y disposición final de residuos y líquidos peligrosos (lo que se denomina partida 3.3.8), cotejando datos aportados tanto desde los hospitales como del propio Ministerio de Salud. Pero “esa información, en general, fue parcial”, sentencia la investigación.

Para esa tarea, la AGCBA había pedido de todo: proyecto presupuestario para líquidos y desechos peligrosos, bases de cálculo, y hasta detalles sobre las modalidades de contratación de los servicios relacionados con el retiro de los residuos de 2010 y 2009.

Pero sólo siete efectores (de 33) enviaron la documentación que permitió conciliar sus saldos ejecutados: los hospitales Sardá, Álvarez, Pirovano, Quinquela Martín, Dueñas, Alvear y Marie Curie. Dice la Auditoría: “El resto remitió información parcial (seis casos), o se completó con datos (del) Ministerio de Salud (11 efectores). En siete hospitales no se logró conciliar -los saldos- por contar con documentación parcial enviada por los efectores y documentación no solicitada remitida por el Ministerio de Salud. Asimismo, en el Hospital Lagleyze y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica no se logró conciliar el monto devengado por falta de remisión de la información requerida, tanto por parte del efector como del Ministerio”.

El informe del organismo de control se encarga de aclarar que cuando habla de “incompleta remisión de la documentación requerida”, se refiere, en algunos casos, a datos aportados en forma parcial por los hospitales porteños, y en otros, a información deficiente, no solicitada, duplicada e ilegible.

Con este panorama, la AGCBA recurrió al Ministerio de Salud para obtener la información necesaria sobre el presupuesto 2010 para culminar su investigación. Dice el trabajo: “La respuesta recibida no contenía la documentación solicitada  correspondiente a nueve efectores (Instituto de Rehabilitación Psicofísica, y los hospitales Rivadavia, Piñero, Penna, Moyano, Lagleyze, Gutiérrez, Ferrer y Fernández)”.

Pero eso no fue todo. El organismo de control tuvo problemas incluso para iniciar su relevamiento. Es que, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución porteña, la Auditoría le había pedido información a los 33 centros de salud de la Ciudad. A esa primera solicitud respondieron sólo tres hospitales (Tornú, Elizalde y Sardá).

Luego, se procedió a enviar una primera reiteración del pedido original a los 30 nosocomios restantes. A esta segunda convocatoria respondieron 22 hospitales.

Aún faltaban ocho efectores, y por eso se formuló una segunda reiteración del pedido de información. Ya esta última solicitud fue con copia al Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y al propio Ministerio de Salud porteño.

Pero a este último pedido respondió sólo el Hospital Zubizarreta. Es decir que hubo siete centros de salud que no atendieron ninguna solicitud de la Auditoría de la Ciudad: Borda, Durand, Lagleyze, Ramos Mejía, Santojanni, Tobar García y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica.

“Lo mencionado motivó que el informe se encuentre limitado en el análisis de la gestión de los residuos patogénicos y líquidos peligrosos llevada a cabo en los mencionados efectores”, completó el organismo de control porteño.