Importaciones: se cerró solo el 1% de las denuncias en el área Metropolitana
Se trata de la mercadería que ingresa al país y que goza de beneficios tributarios a través del Régimen de Comprobación de Destino. La Auditoría General de la Nación también observó el desempeño en Mendoza y allí el promedio de demandas cerradas asciende al 24%. En el sistema se detectaron fiscalizaciones que tenían fecha de finalización anterior a la del inicio del expediente.
La Auditoría General de la Nación (AGN) evaluó la labor de la Dirección General de Aduanas (DGA) en lo relacionado al Régimen de Comprobación de Destino tanto en la Subdirección General de operaciones Metropolitanas como en la del Interior, puntualmente en la de Mendoza, y detectó que en la primera "solo el 1% de las denuncias fueron finalizadas".
Este porcentaje "representa el 10% del monto total denunciado". En la sede provincial "los casos terminados asciende al 24% y equivale al 38% del valor general en concepto de multas". En este último caso se agrega el dato de que "el plazo promedio de envío al área de legales de las denuncias efectuadas fue de entre 68 y 536 días".
En ambas jurisdicciones el equipo auditor pudo constatar que "las demandas se tramitan sin que a la fecha del relevamiento se haya abierto el respectivo sumario". Las dos también coinciden en ciertos errores formales como "la falta de foliatura en el acta de denuncia y la ausencia de controles", solo por nombrar algunos. El informe agrega que "en la mayoría de los casos se detectó inactividad procesal".
Pese a que no es muy popular el Régimen de Comprobación de Destino es “el sistema a través del cual se fiscalizan las mercaderías que ingresan al territorio aduanero y que, amparadas por disposiciones especiales, tienen beneficios tributarios”. Por ejemplo, todos los bienes destinados a incrementar la eficiencia, productividad y calidad de nuestra industria nacional gozan de esta utilidad.
Para llevar adelante la labor, desde 2006 se utiliza el Sistema de Seguimiento de Fiscalización Aduanera (SEFIA). Allí se registran “todas las acciones de investigación, procedimientos, control y fiscalización externa del Régimen”. Sin embargo su funcionamiento no es óptimo.
Los auditores verificaron “dificultades con las respuestas del software” y fue el mismo organismo auditado quien confirmó que “las consultas al SEFIA no funcionan” pero que “hacen los correspondientes reclamos ante estos inconvenientes”.
Este problema sumado a otros, como la falta de contemplación de los vencimientos o la duplicación de registros en sistema, “impactan en la confiabilidad y la calidad de la información”.
El proceso de fiscalización “comienza con la emisión de una orden de intervención y culmina con la emisión de un informe y su respectivo cierre”. Revisando la normativa, se detectó que “no existen plazos estipulados para desarrollar las tareas una vez abiertas las causas” y que se van haciendo “en función al capital humano disponible”.
El informe de la Auditoría Nacional, que evaluó el 2011 y se aprobó en octubre de 2014, describe que para el área Metropolitana, por ejemplo, “no existe un Manual de Procedimiento que detalle los pasos a seguir en cada fiscalización”. Ante esta falencia “se desarrollaron instructivos” pero “no están unificados en un único cuerpo ni contemplan todas las operatorias a realizarse”. A esto se suma que el documento no goza de institucionalidad. Lo mismo ocurre en Mendoza.
En la seccional mendocina “no está designada la Jefatura de la División de Investigación, Control y Procedimientos Externos”. En el área Metropolitana el trabajo de los auditores manifiesta que “no existe una división formal entre quienes hacen el análisis y la selección del caso”. En ambas divisiones no hay “antecedentes sobre las pautas de selección establecidas por instancias superiores a la hora de fiscalizar la mercancía”.
Sobre las evaluaciones que están registradas en el sistema la AGN hizo otras conclusiones. En el área Metropolitana, por ejemplo, “hubo actas de intervención con un plazo promedio de ejecución de 293 días”. En otros casos “se generó más de una orden o le faltaban datos de identificación como el CUIT”. También se observaron situaciones en las que “la fecha del informe final de evaluación era anterior a la de la generación de la orden”.
En Mendoza se repiten algunas de estas falencias, como la duplicación de registros y los atrasos en la ejecución, y se dan otras como “la falta de la firma del agente interviniente, ordenes sin numerar y la ausencia de algunos expedientes”.