La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) efectuó tareas de control en el Ministerio de Cultura con el objetivo de auditar la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2019. El programa apunta a promover el trabajo de artistas de entre 18 y 32 años, a través de actividades formativas, concursos y selección de proyectos y obras artísticas escénicas, visuales, audiovisuales y/o musicales para su estímulo o premiación. La AGCBA señaló como primera falencia que el crédito de sanción 2019 para la Bienal “no guarda relación con los gastos necesarios" para cumplir con los objetivos del programa. 

Según el informe del organismo de control, el programa tuvo un incremento cercano al 17.500% entre las etapas de “sanción” y “vigente”. Cuando se aprobó el presupuesto de CABA se le asignó un monto de $385 mil, el que fue modificado posteriormente llevando el presupuesto finalmente a más de $67 millones. 

Para la AGCBA, resultó “evidente” la falta de relación entre el valor programado que se refleja en el crédito original y los valores de ejecución del gasto, lo que implica “una deficiente planificación de los recursos financieros necesarios” para llevar a cabo las acciones de gestión tendientes a cumplir con los objetivos del programa.

Por otro lado, la Auditoría señaló que, si bien la adquisición de bienes y servicios se tramitó ajustándose a la Ley Nº 2095, “buena parte de las operaciones” fueron realizadas bajo la modalidad de contratación directa, la cual en sí es una vía de excepción. De los $32 millones ejecutados en materia de adquisición de bienes y servicios, 21 fueron por esa vía.

Además, en el total de los casos examinados por la AGCBA se advierte que en los actos administrativos no se justifica adecuadamente el encuadre jurídico de la contratación bajo la modalidad de excepción. 

Poco rigor en los convenios

Por último, la AGCBA puso la lupa sobre los convenios de colaboración y, en este sentido, advirtió una “manifiesta carencia de rigor” en la formalización del vínculo, tal cual lo demuestra la inexistencia de los convenios de colaboración administrativa que deben celebrarse en estos casos. Por ejemplo, se suscribieron siete convenios de colaboración con entidades artísticas y culturales cuya tramitación no constituyó un expediente en SADE, por lo que los requisitos de formalidad, como el registro de la documentación que debe acompañar dichos actos, no resultaron cumplidos.

En otro caso analizado, se hizo pública la imagen institucional de una entidad cultural extranjera asociándola a Bienal sin que se llegara a celebrar el debido convenio de colaboración, “lo que implica que su inclusión no debió haber ocurrido, no solo porque la acción en conjunto no se llevó a cabo, sino porque el uso de dicha imagen no fue formalmente autorizado por la citada entidad”, explica el informe.